- La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquís afirma que la Administración Penitenciaria de Marruecos se ha comprometido a atender las reivindicaciones de los reclusos.
- Los reclusos saharauis reclaman poner fin a su dispersión en diferentes centros penitenciarios marroquís y ser agruparlos en una sola prisión en el Sáhara Occidental, además de mejorar sus condiciones de reclusión y garantizar sus derechos fundamentales.
Alfonso Lafarga.-
Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik que se encontraban en huelga de hambre desde el 23 de septiembre en prisiones marroquís han finalizado su medida de presión tras el compromiso de la Administración Penitenciaria de Marruecos de atender sus demandas, ha informado la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquís (LPPS).
Nueve presos de Gdeim Izik iniciaron una huelga de hambre indefinida para reclamar a las autoridades marroquís el traslado de todos los reclusos de este grupo al Sáhara Occidental ocupado, expresando su determinación a sacrificar la vida en la lucha por sus derechos.
De los nueve reclusos, cuatro tuvieron que a abandonar la huelga por su precario estado de salud, consecuencia del trato recibido desde que fueron detenidos y la falta de atención medica en los años que llevan en prisión, según denuncia de familiares y organizaciones de Derechos Humanos. Continuaron con la protesta Abdallah Abbahah, Siidi El Bachir Boutenguiza, Ahmed Sbai, Hassan Zawi uy Hassab Dah.
Los reclusos saharauis reclaman poner fin a su dispersión entre diferentes centros penitenciarios y piden ser agruparlos en una sola prisión en el Sáhara Occidental, además de mejorar sus condiciones de reclusión y garantizar sus derechos fundamentales.
Para ello invocan disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, “el marco jurídico vinculante aplicable al territorio del Sáhara Occidental”, un territorio cuyo proceso de descolonización aún no ha concluido.
Piden la aplicación por Marruecos de las decisiones de los mecanismos convencionales de las Naciones Unidas “que lo han condenado explícitamente por tortura sistemática” y confirman el carácter arbitrario de la detención de los presos saharauis, como el dictamen del Grupo de Trabajo de NNUU sobre la Detención Arbitraria, así como las múltiples decisiones del Comité contra la Tortura, cuyo número supera las ocho decisiones.
La LPPS denunció que desde el primer día de huelga las autoridades penitenciarias respondieron con represalias a los presos, recluidos en las cárceles de Ait Melloul 2, Tiflet 2 y Kenitra, tales como aislamiento prohibición de llamadas telefónicas y contacto con sus familias, y AFAPREDESA pidió la intervención de la Cruz Roja Internacional.
La LPPS subraya que el fin de la huelga “no significa el final de la lucha por los Derechos Humanos, sino que exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos y su traducción en medidas concretas”, lo que incluye la aplicación de las opiniones, decisiones y recomendaciones emitidas por los mecanismos de la ONU, la garantía de la atención médica y la comunicación con las familias, y el fin del aislamiento y de los tratos que vulneran la dignidad de los presos.
Los procesados de Gdeim Izik, el campamento de protesta levantado en 2010 a quince kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos tras el abandono de España sin proceder a su descolonización, dijeron en mayo de 2017 que asistían a un juicio político y que la sentencia ya estaba decidida. En la mañana del 19 de julio les fueron impuestas siete cadenas perpetuas y trece que van de los veinte a los 30 años de prisión.
Saharauis detenidos en Rabat
El pasado 12 de octubre, el mismo día que el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se concentraba en Madrid, como todos los lunes desde hace cinco años y medio, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir que España actúe ante Marruecos, la policía marroquí disolvía en Rabat una concentración de familiares frente a la sede de la Administración Penitenciaria y Reinserción para denunciar el aislamiento de los reclusos, restricciones a las visitas y comunicaciones telefónicas, así como para exigir su puesta en libertad.
Siete saharauis fueron detenidos, de los cuales cuatro -los estudiantes Mohamed Brahim Babait, Salah Eddine Sabbar, El-Housseine Chaihb y Mohamed Lemrabet- están en la prisión de Salé para comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de la capital marroquí. y tres quedaron en libertad, informa Equipa Media (EM).
La Agencia de prensa saharaui indica que según la versión difundida por la Fiscalía marroquí, la concentración carecía de autorización y habría provocado alteraciones del orden público y lesiones a tres agentes de las fuerzas de seguridad.
EM añade que la versión oficial ha sido cuestionada por activistas saharauis, que señalan que las imágenes grabadas durante la intervención policial muestran una realidad diferente: “Los vídeos y fotografías documentados por testigos saharauis muestran a agentes marroquíes utilizando la fuerza contra los manifestantes, entre ellos familiares de los presos políticos, lo que pone en cuestión la versión que atribuye exclusivamente a los participantes la responsabilidad de los incidentes violentos”.
El mismo día las autoridades marroquís impidieron entrar en Marruecos a Claude Mangin, esposa del preso político Naama Asfari, que viajó acompañada del alcalde de Ivry-sur-Seine y una concejala del municipio, a los que sí se permitió acceder territorio marroquí. Mangin declaró que desde 2019 no puede visitar a su marido, que se encuentra en un preocupante estado después de una huelga de hambre que superó los cuarenta días.
