• Reclusos de Gdeim Izik piden ser trasladados a ciudades del Sáhara Occidental ocupado en aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de las decisiones de Naciones Unidas que han condenado a Marruecos por tortura sistemática y detención arbitraria.

• Los presos manifiestan estar dispuestos a mantener su postura hasta obtener plenamente sus derechos o sacrificar sus vidas. Hacen un llamamiento para que se presione a las autoridades marroquíes antes de que sea demasiado tarde.

Alfonso Lafarga.-

Nueve presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik han iniciado una huelga de hambre indefinida para reclamar a Marruecos su traslado a ciudades del Sáhara Occidental ocupado hasta obtener sus derechos o sacrificar sus  vidas por ellos.

En mayo de 2017 los procesados saharauis de Gdeim Izik, el campamento de protesta levantado en 2010 a quince kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos- dijeron que asistían a un juicio político y que la sentencia ya estaba decidida. En la mañana del 19 de julio  les fueron impuestas siete cadenas perpetuas y trece que van de los veinte a los 30 años de prisión. 

Los reclusos en huelga de hambre afirman en un comunicado que después de dieciséis años de detención “arbitraria e injusta” la administración penitenciaria marroquí ha confiscado su derecho a ser trasladados a las ciudades del Sáhara Occidental ocupado.

Invocan las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, “que constituye el marco jurídico vinculante aplicable al territorio del Sáhara Occidental, considerado un territorio cuyo proceso de descolonización aún no ha concluido mediante la celebración de un referéndum libre e imparcial que permita al pueblo saharaui expresar su voluntad como fuente de la soberanía nacional”.

Con esta acción, “continuación de un largo recorrido de huelgas de hambre durante los años de detención en las cárceles marroquís”, pretenden obligar al Estado marroquí a aplicar las decisiones de los mecanismos convencionales de las Naciones Unidas “que lo han condenado explícitamente por tortura sistemática” y han confirmado el carácter arbitrario de su detención.

Citan concretamente el dictamen del Grupo de Trabajo de las NNUU sobre la Detención Arbitraria, así como las múltiples decisiones del Comité contra la Tortura, cuyo número supera las ocho decisiones.

Sacrificar la vida por sus derechos

Asimismo, denuncian las graves violaciones de los Derechos Humanos de las que son víctimas los presos civiles saharauis en las cárceles de la ocupación, “”incluidas las torturas físicas y psicológicas, el internamiento durante largos años en celdas disciplinarias de aislamiento, la privación de atención médica y sanitaria, así como la confiscación del derecho a ser trasladados a las ciudades del Sáhara Occidental”.

Piden al Consejo de Seguridad de NNUU que amplíe el mandato jurídico de la MINURSO -Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental- “de manera que incluya la vigilancia y protección de los DDHH, así como la documentación de todas las graves violaciones cometidas contra los civiles saharauis desarmados en la parte ocupada del territorio por Marruecos”.

Mohamed Ban, recluido en la prisión de Aït Melloul 2; Abdallah Abbah,  Mohamed Lamine Haddi y Bachir Khadd, en Tiflet 2;  Sidi El Bachir Boutanguiza, Ahmed Sbai, Naâma Asfari, El Hassan Azaoui y Hassan Dame, en la cárcel central de Kenitra, manifiestan  su decisión de mantener su postura “hasta obtener plenamente nuestros derechos o hasta sacrificar nuestras vidas por ellos”.

Solicitan que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda acceder , inmediata e incondicionalmente al territorio, para llevar a cabo sus misiones humanitarias, proteger a la población civil y visitar las cárceles y los lugares de detención, especialmente tras la violación marroquí del acuerdo de alto el fuego el 13 de noviembre de 2020.

Los nueve presos saharauis hacen un llamamiento a las conciencias humanas,  a las organizaciones de DDHH, así como a las organizaciones y mecanismos de la comunidad internacional para que intervengan urgentemente y ejerzan presión sobre las autoridades de ocupación a fin de obligarlas a responder rápidamente a sus legítimas reivindicaciones “antes de que sea demasiado tarde”, y hacen responsable al Estado marroquí de su “integridad física y psicológica