Sumar plantea en el Congreso que se exija a Marruecos la liberación del preso saharaui Naama Asfari

  • Sumar reclama al Gobierno que presione a Marruecos, impulse actuaciones ante la UE y NNUU, exija atención médica independiente para el activista saharaui e inste al régimen marroquí a la liberación inmediata e incondicional del preso y del conjunto de los reclusos políticos saharauis
  • Naama Asfari lleva más de 40 días en huelga de hambre para exigir el cumplimiento de un dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y organismos internacionales advierten de que se encuentra en en peligro de muerte.

Contramutis.-

El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno español a exigir a Marruecos la liberación «inmediata e incondicional» de Naama Asfari y del conjunto de los presos políticos saharauis encarcelados en prisiones marroquíes.

La iniciativa, impulsada por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, incorpora también las firmas de Agustín Santos, Tesh Sidi y Gerardo Pisarello.

El texto advierte del «serio peligro de muerte» que afronta Asfari después de más de cuarenta días de huelga de hambre, como advierten organismos internacionales dado su estado de salud extremadamente preocupante al carecer de atención médica independiente e inmediata.

La proposición pide que España promueva gestiones diplomáticas tanto de manera bilateral como en la Unión Europea y Naciones Unidas para conseguir que Marruecos aplique la opinión 23/2023 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Ese pronunciamiento consideró arbitrario el encarcelamiento de Asfari, reclamó su liberación inmediata y pidió una investigación independiente sobre las torturas denunciadas.

Asfari inició hace más de un mes una huelga de hambre indefinida para exigir el cumplimiento del dictamen. Todo ello ha derivado hasta su situación de riesgo de muerte actual. Organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Front Line Defenders alertan sobre el deterioro continuado de su salud y sobre las represalias sufridas por ejercer pacíficamente derechos fundamentales.

IU recuerda que tras ser detenido en noviembre de 2010, Asfari permaneció desaparecido varios días, tras lo que denunció haber sufrido graves torturas y malos tratos para obtener confesiones autoinculpatorias. Con ellas fue condenado inicialmente por un tribunal militar y, tras la anulación de la sentencia, volvió a ser condenado por un tribunal civil a 30 años de prisión, en un procedimiento sin garantías procesales.

Sumar exige además que el preso político saharaui reciba atención médica independiente y especializada y que su familia pueda acceder a él. También reclama la entrada en la prisión de Kenitra del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El texto parlamentario solicita igualmente la intervención urgente de Naciones Unidas para que la Relatoría Especial sobre la Tortura pueda visitar sin restricciones las prisiones donde permanecen los presos saharauis y evaluar las condiciones de aislamiento, dispersión, hostigamiento, restricciones de visitas y negligencia médica denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. Se denuncia el patrón continuado de represión contra quienes defienden pacíficamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación

Enrique Santiago insiste en que España mantiene una responsabilidad histórica y política en la descolonización pendiente del Sáhara Occidental, así como un firme compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

Afirma que “este caso no constituye un hecho aislado”. Numerosos presos políticos saharauis siguen encarcelados en centros penitenciarios a cientos o incluso más de mil kilómetros del Sáhara Occidental ocupado, en prisiones como Kénitra, Tiflet 2, Ait Melloul, Safi, Bouzakarne, Casablanca o Tan-Tan

La iniciativa no tiene carácter vinculante, pero obliga a trasladar al Congreso una pregunta que el Gobierno ya no puede eludir: qué actuaciones concretas está dispuesto a realizar para impedir la muerte de Naama Asfari y exigir la liberación de los presos políticos saharauis