- Tras el desalojo de la acampada en Gdeim Izik, en los territorios saharauis ocupados, 19 personas fueron condenadas a penas que llegan hasta la cadena perpetua.
- La ONU ha dado credibilidad a las denuncias de torturas físicas y psicológicas que tanto los presos como sus familiares aseguran que están sufriendo.
- Las familias piden romper el muro de silencio que Rabat ha impuesto y solicitan al embajador español en Marruecos que se reúna con ellos.
Emilia G. Morales, en Público.-
Fatma Zaoui desconoce si su padre está vivo o muerto. «Llevamos 14 días sin saber nada de él», explica durante una rueda de prensa a medios de todo el mundo. La última vez que lo vio en libertad fue cuando tenía ella tenía cuatro años. De eso hace ya 16. Su padre, Hussein Zaoui, es uno de los 19 condenados tras el desalojo de la acampada de Gdeim Izik, en los territorios ocupados saharauis, que tuvo lugar en noviembre de 2010.
Un mes antes, cientos de saharauis habían levantado dicho asentamiento en protesta por la falta de oportunidades bajo un régimen que los hostiga por su condición étnica y por sus aspiraciones de independencia. En vez de conquistas sociales, los acampados recibieron brutalidad militar y policial y detenciones arbitrarias. Actualmente, Rabat sigue ejerciendo violencia física y psicológica contra los 19 que finalmente fueron condenados en el marco de las protestas, conocidos como el grupo de Gdeim Izik.
En protesta por los malos tratos constantes que sufren, nueve de los condenados se declararon en huelga de hambre el pasado 23 de septiembre. Según las informaciones que pudieron recopilar sus familiares a fecha del 14 de octubre, solo cinco continuaban sin alimentarse. Son Hassan Dah, Sidi Abdallah Abbahah, Mohamed Bachir Boutenguiza, Ahmed Sbaai y Hussein Zaoui.
La hija de este último preso, Fatma Zaoui, aclara a los medios que «la suspensión de la huelga no significa que hayan desaparecido las causas que la motivaron» porque nuestros familiares «siguen encarcelados y sus reivindicaciones fundamentales continúan pendientes». Por el contrario, los cuatro presos que han suspendido sus huelgas lo han hecho «debido a las comunicaciones falsas» que se han emitido desde «las cárceles en las que se encontraban», «por motivos de salud» o por el empeoramiento de «las medidas» que las autoridades penitenciarias han tomado contra ellos.
La huelga de hambre es el último instrumento de presión del que disponen los presos saharauis en Marruecos ante el desdén de Rabat a las peticiones de libertad que la ONU, Amnistía Internacional o Human Right Watch, entre otras organizaciones, piden desde hace casi dos décadas. Zaoui se pregunta entonces «¿de qué sirve que la ONU exhiba constantemente estas violaciones de derechos fundamentales y reclame medidas concretas si nuestros familiares continúan en estas condiciones?».
Rabat, sordo ante la ONU
Ya desde el inicio del proceso judicial, Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron de que las confesiones que dieron pie a la sentencia del tribunal militar en 2013 habían sido obtenidas bajo torturas. Por su parte, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó fuera el estamento castrense el que juzgara al grupo de Gdeim Izik.
En 2014, varios expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias visitaron a 22 de los condenados en el primer juicio. En el documento que elaboraron posteriormente, incidieron en la crítica que el Comité de Tortura había hecho un par de años antes, documentó el deterioro de la salud de los presos y la desatención de las autoridades penitenciarias a las denuncias de torturas y violaciones realizadas por varios de los condenados.
Pese a que el juicio se repitió en instancias civiles en 2017, los resultados fueron similares. Los de Gdeim Izik fueron condenados por su presunta participación o complicidad en los enfrentamientos violentos con los agentes marroquíes que acabaron, de forma intencionada y no intencionada, con la vida de 11 de ellos. Las penas iban desde los 15 años hasta la cadena perpetua en el caso de ocho de los detenidos.
Ningún impacto tuvo que, en 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU de Detenciones Arbitrarias aprobara una opinión —23/2023— en la que confirmaba que la detención de los 19 condenados había sido arbitraria debido, entre otras cuestiones, a que no se les dio acceso a un abogado ni tuvieron un juicio justo. Por todo ello, el organismo de la ONU pidió la liberación inmediata de todos ellos.
Pese a que Rabat se comprometió en 2022 a cooperar voluntariamente con los procedimientos especiales de la entidad multilateral, ha hecho caso omiso a esta solicitud. No sólo eso. La monarquía alauita no ha vuelto a permitir que el Comité de la ONU contra la Tortura visite sus prisiones, pese a las numerosas peticiones llevadas a cabo por sus expertos y familiares de los saharauis encarcelados. Tampoco ha permitido que la Cruz Roja Internacional visite estos lugares.
A merced de la ceguera internacional y ante el bloqueo de la intervención de los organismos humanitarios, la situación de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes no hace más que deteriorarse, denuncian sus familiares.
En este contexto, la huelga de hambre iniciada por los condenados resulta más peligrosa. Uno de ellos, Hassan Dah, tuvo que abandonar la huelga debido al grave empeoramiento de su estado de salud. Después de dos días sin saber su paradero, cuando sus familiares pudieron visitarlo «lo encontraron en un estado de salud extremadamente delicado», reza un comunicado emitido por las familias de los presos. Según les trasmitió el propio Dah, «fue trasladado desnudo y sometido a torturas y malos tratos durante su desplazamiento a la nueva cárcel». Sus familiares exigen «una investigación inmediata e independiente sobre estas denuncias y garantías efectivas para proteger su vida e integridad física».
Este caso rima con el de Naama Asfari, el conocido activista saharaui, también miembro del grupo de Gdeim Izik, a quién la justicia marroquí condenó a 30 años de prisión por crímenes que él asegura no haber cometido. Asfari es uno de los tres presos sobre los que el Comité contra la Tortura de la ONU emitió dictámenes específicos sobre la vulneración de sus derechos fundamentales. El pasado mes de julio, el preso dejó de comer para denunciar las torturas sistemáticas que sufren él y sus compañeros. Pasados los cuarenta días en huelga de hambre, la comunicación entre la familia del preso y el centro penitenciario en el que se encontraba Asfari se cortó de forma «abrupta e injustificada».
Durante las casi dos semanas que transcurrieron hasta que volvieron a conocer su paradero fueron un suplicio para la familia, que denunció la desaparición forzada del preso y logró recaudar el apoyo de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, así como del tejido asociativo saharaui en España. Actualmente, Asfari continúa cumpliendo condena en la prisión de Kenitra, al norte de Rabat.
Como demuestra el caso de Naama Asfari, la falta de información sobre los presos políticos palestinos, así como los largos silencios a los que son sometidos sus allegados no son algo puntual, sino parte del modus operandi que aplican las autoridades marroquíes en su interlocución con los familiares de los presos saharauis.
Un castigo colectivo
Los familiares de los presos son víctimas directas de las condenas de sus allegados. Zaoui denuncia que los parientes que viven en los territorios ocupados saharauis se encuentran bajo la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad de Marruecos. El estigma de la prisión marca a todo el linaje familiar, dificultando a los adultos el acceso al empleo y, a los menores, a una educación digna. Fatma Zaoui recuerda el caso de la hija menor de otro preso del grupo de Gdeim Izik, que tuvo que dejar la escuela por el bullying que recibía de sus compañeros en relación a la detención de su padre.
A todo esto se suman las detenciones que sufren los parientes que protestan por las condiciones en las que viven quienes cumplen condena en prisiones marroquíes. Durante su intervención en la rueda de prensa de este 15 de octubre, Fatma Zaoui, denunció «la represión sufrida durante la manifestación organizada el 12 de octubre [en Rabat] por los familiares de los presos políticos saharauis, que reclamábamos información sobre nuestros seres queridos». La intervención se saldó con cargas y «con la detención de varios participantes en la movilización», según las informaciones con las que cuenta Zaoui.
Los parientes del grupo de Gdeim Izik también denuncian la política de dispersión que el régimen alauita aplica con los presos políticos saharauis, que son internados en penales lejanos de sus lugares de origen donde, por lo general, residen también sus familiares. Para verlos, deben recorrer cientos de kilómetros, si bien salvar esta distancia física no les asegura que puedan hacerlo.
Una de las últimas barreras que los separan de sus parientes es el silencio administrativo de las autoridades penitenciarias marroquíes. Fatma Zaoui asegura que tanto ella, como las hermanas, esposas, hijas y madres de los detenidos que la acompañan en la rueda de prensa de este jueves, han pasado días esperando haciendo guardia a las puertas de las prisiones en las que cumplen condenas sus parientes, con la esperanza de poder visitarlos. «A veces estamos tres o cuatro horas» afirma la hija del activista, «otras no nos dejan verlos».
Las familias denuncian «el silencio» al que son desterradas, que es informativo y mediático. Quieren «que el mundo hable sobre la situación de los presos políticos». Por ello, «hacen un llamamiento para que los abogados, los observadores internacionales y también la prensa internacional, que acuda a visitar a estos presos».
