- El Mecanismo Nacional de Derechos Humanos documenta graves violaciones y deterioro de la salud de los presos de Gdeim Izik en huelga de hambre desde el 23 de septiembre.
- El Gobierno de Pedro Sánchez, ajeno a la situación de los presos políticos saharauis en cárceles marroquís, a pesar que dice que España está profundamente comprometida con la defensa de los Derechos Humanos , un eje fundamental de la política exterior española.
Alfonso Lafarga.-
La administración penitenciaria marroquí lleva a cabo una política de venganza y castigo colectivo con los nueve presos saharauis del grupo de Gdeim Izik que iniciaron una huelga de hambre el 23 de septiembre para exigir sus reivindicaciones, según un informe del Mecanismo Nacional de Coordinación de la Acción en Materia de Derechos Humanos.
El informe indica que los reclusos, que presentan un “deterioro alarmante” de su estado de salud, ratifican su determinación de mantener la protesta hasta el cumplimiento de sus reivindicaciones: reconocimiento oficial de su estatus legal como presos civiles según el Cuarto Convenio de Ginebra, aplicación inmediata de las dictámenes de la ONU, en particular el 23/2023 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y las recomendaciones del Comité contra la Tortura.
También piden que cesen la negligencia médica, el aislamiento y los traslados arbitrarios; acceso sin restricciones ni condiciones previas para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y traslado a prisiones cercanas a sus familias en el Sahara Occidental ocupado, como paso previo a su liberación definitiva e incondicional.
El informe revela que durante el periodo analizado (del 26 de septiembre al 1 de octubre), las autoridades marroquís impusieron un bloqueo total a los reclusos, privándoles del derecho a comunicarse con el exterior.
La organización de Derechos Humanos denuncia episodios de desaparición temporal e incertidumbre sobre el paradero de varios prisioneros, entre ellos Ahmed Sbai, Mohamed Bachir Butenguiza y El Hussein Ez-Zawui. Asimismo, se impidió que las familias de Ahmed Sbai, Hassan Dah y El Hussein Ez-Zawui pudieran visitar a sus allegados en la cárcel de Kenitra, tras haber recorrido más de 1.200 kilómetros de viaje.
Ante la falta de información y la negligencia médica, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) remitieron llamamientos urgentes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para su intervención inmediata, y la Liga para la Protección de los Presos Saharauis condenó la tortura sistemática a la que son sometidos los reclusos saharauis y responsabilizó a la ocupación marroquí de la vida de los detenidos.
El informe advierte del estado crítico del preso Hassan Dah en la prisión de Ben Guerir, quien ha perdido unos 7 kilogramos de peso y continúa en huelga de hambre tras haber sido víctima de agresiones físicas, desnudamiento forzoso y maltrato durante su traslado de centro penitenciario el 24 de septiembre. .
Aunque el 1 de octubre las autoridades marroquíes cedieron parcialmente ante la presión familiar e internacional permitiendo visitas restringidas en Kenitra, la organización de DDHH dice que los testimonios recabados son “desgarradores”:
-El Hussein Ez-Zawui: Fue localizado semiparalizado, padeciendo asma y dolores agudos en los riñones y la columna vertebral tras ser recluido en una celda de castigo húmeda e insalubre sin recibir atención médica.
-Ahmed Sbai: Presenta una condición de extremo deterioro físico, dificultad para hablar y padece una enfermedad cardíaca crónica sin ningún tipo de seguimiento médico.
-Naama Asfari: Recluido en la prisión de Lodayat (Marrakech), se vio obligado a suspender su huelga de hambre el 30 de septiembre debido al fallo agudo de sus funciones renales, consecuencia de huelgas anteriores.
Graves violaciones del Derecho Internacional
El Mecanismo de Derechos Humanos categoriza las prácticas marroquíes como “crímenes contra la humanidad y violaciones flagrantes de la legislación internacional”, citando el incumplimiento sistemático de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Cuarto Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles bajo ocupación.
Señalan como principales violaciones la privación de llamadas, radio y visitas; reubicación sin aviso previo a familias o abogados; acoso sistemático a los familiares, con desplazamientos extenuantes de más de 1.200 km para denegarles la entrada; falta de asistencia clínica a pacientes con dolencias crónicas graves, y maltrato físico y psicológico, como utilizar esposas, agresiones y vejaciones durante los traslados.
El documento destaca la “resistencia heroica” de las familias y activistas en las zonas ocupadas y en la diáspora, así como el creciente movimiento de solidaridad internacional en Europa, América Latina y la sede de Naciones Unidas.
La situación de los presos políticos saharauis en cárceles marroquís es ajena al Gobierno de Pedro Sánchez -partidario de los intereses de Marruecos- como en todo lo referente a los derechos del pueblo saharaui, que se encuentra bajo ocupación en gran parte del Sahara Occidental tras el abandono de España y entrega al régimen marroquí del territorio sin proceder a su descolonización.
Mientras, el Gobierno afirma que España está profundamente comprometida con los Derechos Humanos “cuya protección y promoción constituyen un eje fundamental de la política exterior española”. Y así se exhibe a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, donde se especifica. que España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el período 2025-2027.
La siguiente es una relación aproximada de hechos ocurridos relacionados con los DDHH en el Sáhara Occidental y en cárceles marroquís con presos saharauis en septiembre de 2026, según datos de ONG y medios de comunicación.
