• La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos reclama que se investigue el paradero de más de 400 desaparecidos saharauis, entre ellos un grupo de 15 jóvenes que fueron vistos por última vez el 25 de diciembre de 2005.

• También pide que se conozca el paradero del líder saharaui Mohamed Sidi Brahim Basiri, detenido el 17 de junio de 1970 en El Aaiún, del que responsabiliza al Estado español

Alfonso Lafarga.-

Más de 400 saharauis continúan desaparecidos desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental a finales de 1975 tras el abandono de España, que no procedió a su descolonización como estableció la ONU. El pueblo saharaui quiere conocer su paradero y pide a la justicia internacional que persiga y juzgue a los responsables marroquís.

La  petición ha sido hecha por  la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto desde 2011, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

En 2026 se cumple el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y NNUU señala que bajo el lema “Las víctimas primero. Acciones ya”, este aniversario “sitúa en el centro a las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

En este contexto, CONASADH reclama que se investigue el paradero de más de 400 desaparecidos saharauis, entre ellos un grupo de 15 jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años cuyo destino sigue desconocido y que fueron vistos por última vez el 25 de diciembre de 2005 en la Intifada en la ciudad de Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental ocupado, reclamando pacíficamente su derecho a la autodeterminación.

Desde entonces no se sabe nada de ellos y las madres responsabilizan al Estado marroquí, al considerar que fue “un secuestro premeditado y planificado” por su participación en la Intifada de la Independencia. Sus familias crearon el Comité de Madres de los 15 para saber la verdad y exigir justicia y el caso llegó en 2009 al Comité de Víctimas de Desapariciones Forzosas de Ginebra, que exigió a Marruecos una investigación.

La explicación de las autoridades marroquís fue que fallecieron cuando intentaban cruzar a Canarias en una patera. Ante la presión internacional, presentaron dos cadáveres sin una identificación verificable encontrados en la playa como parte de los 15 jóvenes, pero se negaron a hacer la autopsia y a esclarecer el lugar, las fechas y las causas científicas de las supuestas muertes. Diez años después, la policía y la justicia marroquís dieron el caso por cerrado.

La Comisión exige también que se conozca el paradero de Mohamed Sidi Brahim Basiri, considerado el padre del nacionalismo saharaui, detenido  tras la Intifada de Zemla del 17 de junio de 1970 en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, del que responsabiliza al Estado español, recordando que su responsabilidad en la descolonización del territorio sigue vigente.

CONASADH señala que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad según el Derecho Internacional, y denuncia que “Marruecos practica con total impunidad el secuestro y la desaparición forzada desde el inicio de la ocupación del Sáhara Occidental.  Destaca “la inacción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al que pide “romper su silencio, asumir sus responsabilidades bajo el IV Convenio de Ginebra, presionar a Marruecos para que libere a todos los presos políticos saharauis y abra el territorio ocupado a medios de prensa y observadores internacionales”.

Y un mes más, como muestra el siguiente resumen, aproximado, correspondiente a agosto de 2026, se siguen cometiendo violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, territorio no autónomo pendiente de descolonización, y con los presos políticos saharauis recluidos en prisiones marroquís, según ONG y medios saharauis y españoles, ante el silencio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, los mismos que eluden de responsabilidad al régimen marroquí en la entrada de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta.