• El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no quieren contrariar al régimen marroquí y han sido calificados como “títeres de Marruecos” por el periodista marroquí exiliado en España Ali Lmrabet.

Alfonso Lafarga

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, evita a toda costa contrariar a Marruecos, aunque para ello tenga que decir que la entrada de entre 50.000 y 60.000 marroquís en la ciudad autónoma de Ceuta, que ha calificado de “ataque a la integridad de España”, es culpa de las mafias.

El no “disgustar, enfadar a alguien” –definición de la RAE de contrariar– Sánchez lo lleva al límite si se trata del pueblo saharaui, al que ya vendió a Marruecos respaldando la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, la “provincia 53” que España abandonó sin proceder a su descolonización.

Cuarenta y siete días duró la huelga de hambre del preso político saharaui defensor de los Derechos Humanos Naama Asfari, que supuso un grave peligro para su vida, para pedir el cumplimiento por Marruecos de los dictamines de Naciones Unidas sobre su arbitraria detención y la mejora de las deplorables condiciones de reclusión, un tiempo en el que el Gobierno de España estuvo callado, lo mismo que hace con todos los presos políticos saharauis, condenados en juicios denunciados por sus irregularidades y confesiones obtenidas bajo torturas.

Es la permanente actitud del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “títeres de Marruecos” como han sido calificados por el periodista marroquí exiliado en España Ali Lmrabet tras haber estado detenido en el país magrebí, caso sobre el que tampoco se pronunciaron. El responsable de la diplomacia española llegó a decir que no estaba al corriente de la detención a pesar de haber sido publicado en la prensa.

Lmrabet, en declaraciones a El Independiente, acusó al Gobierno de Sánchez de mantener “discursos grandilocuentes sobre los Derechos Humanos” y comparó la postura de Albares, al que definió como “un funcionario del Estado marroquí”, con la de su predecesora, Arancha González Laya, cesada en julio de 2021, dos meses después de la crisis por la acogida en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, para ser tratado de covid. “Sánchez la expulsó del Gobierno porque Marruecos se lo exigió”, aseguró el periodista.

Recordó que cuando él fue detenido por primera vez en 2003, el entonces presidente José María Aznar exigió su liberación a las autoridades marroquíes. Cree que nadie en el Gobierno medió a su favor en julio de este año durante su detención y se  preguntó: “¿Cómo van a interceder por mí, cuando han abandonado a los saharauis?”

El Gobierno dice que España está comprometida con los DDHH

El Gobierno de Sánchez, una vez más, ha guardado silencio sobre la violación de los Derechos Humanos en la excolonia del Sáhara Occidental –territorio ocupado por Marruecos desde finales de 1975– , aunque Exteriores proclama  que España “es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos, cuya protección y promoción constituyen un eje fundamental de la política exterior española”, como ha recogido Contramutis en varias ocasiones.

Por la libertad de Naama Asfari, condenado a 30 años de reclusión, de los que lleva cumplidos más de 15, hubo una amplia campaña nacional, incluidos diputados de Sumar, los socios de gobierno del PSOE, e internacional. Organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Front Line Defenders alertaron sobre el deterioro continuado de su salud y las represalias sufridas por ejercer pacíficamente derechos fundamentales.

El último pronunciamiento fue del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, que exigió a las autoridades marroquís que respondiesen a las legítimas reivindicaciones del activista saharaui y entablasen un diálogo constructivo para poner fin a la huelga de hambre, así como urgente atención médica independiente y comunicación regular con su familia.

El jefe del Ejecutivo no habla de Marruecos si se trata de violación de los DDHH o incumplimiento del Derecho Internacional, como tampoco se ha referido al régimen de Mohamed VI sobre lo ocurrido en Ceuta y ha culpado a las mafias, tesis cuestionada y rebatida por partidos como  IU y Podemos, un amplio número de muchos analistas en medios de comunicación, entre ellos el reconocido experto en el Magreb Ignacio Cembrero, el jurista Mohamed Zrug, o conocedores de la cuestión saharaui, como el analista Taleb Alisalem o la diputada de Más Madrid Tesh Sidi.

Y en este contexto en julio de 2026 se siguieron cometiendo violaciones de los DDHH en los territorios de la excolonia española ocupados por Marruecos, especialmente con los presos políticos saharauis, que no existen para el  Gobierno de Pedro Sánchez, según ONG saharauis y medios de comunicación saharauis y españoles, como refleja la siguiente relación, aproximada.