• La RASD señala que el defensor de los Derechos Humanos lleva más de 15 años encarcelado por su activismo pacífico en favor de la autodeterminación del pueblo saharaui

• Asegura que su situación es crítica, agravada por el aislamiento impuesto por las autoridades penitenciarias marroquíes y la denegación de asistencia médica urgente Su esposa, la activista francesa Claude Mangin, tiene prohibida la entrada a Marruecos y no ha podido visitarlo en los últimos 8 años.

• Ante el riesgo inminente para la vida de Asfari, las autoridades saharauis hacen un llamamiento a líderes internacionales como el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; y la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Contramutis.-

El Ministerio de Asuntos de las Zonas Ocupadas y la Diáspora de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha lanzado una alerta internacional urgente ante el grave deterioro de la salud del defensor de los Derechos Humanos saharaui Naama Asfari, de 56 años, del que afirma se encuentra «al borde de la muerte» en la cárcel marroquí de Kenitra tras la huelga de hambre que inició el 8 de junio pasado, informa Sáhara Press Service.

La RASD recuerda en un comunicado que Asfari, que cumple una condena de 30 años de prisión tras un juicio calificado de “farsa» basado en confesiones obtenidas bajo tortura, lleva más de 15 años encarcelado por su activismo pacífico en favor de la autodeterminación del pueblo saharaui.

Informa de que su situación es crítica, agravada por el aislamiento impuesto por las autoridades penitenciarias marroquíes y la denegación de asistencia médica urgente y agrega que su esposa, la activista francesa Claude Mangin, tiene prohibida la entrada a Marruecos y no ha podido visitarlo en los últimos 8 años.

Exigencia de cumplimiento del derecho internacional

El Ministerio saharaui señala que a pesar de que diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han exigido la liberación del activista, el Reino de Marruecos continúa desoyendo los llamamientos de la comunidad internacional. En particular, el comunicado destaca el flagrante incumplimiento de la Opinión N.º 23/2023 emitida por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que declaró ilegal su encarcelamiento.

Ante el riesgo inminente para la vida de Asfari, la RASD hace una petición internacional a los principales líderes globales, entre ellos el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; y la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas.

El comunicado exige la liberación inmediata e incondicional de Naama Asfari y de todos los presos políticos saharauis y que se apliquen las resoluciones de la ONU, específicamente el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Pide “atención médica urgente y acceso humanitario inmediato para Asfari, permitiendo la entrada de su familia y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)”. Llama, asimismo, a poner fin a las represalias y el cese inmediato del acoso contra las familias de los prisioneros.

Exige el acceso libre a las cárceles para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), la intervención de la ONU y la visita de urgencia del Relator Especial sobre la Tortura a los centros de detención.

El Ministerio de la RASD advierte a la comunidad internacional que “no se puede permitir que un defensor de los Derechos Humanos muera en el silencio de una celda por defender los derechos legítimos de su pueblo”.

La plataforma No te Olvides del Sáhara Occidental indica que Naama Asfari es uno de los integrantes del grupo de presos políticos saharauis de Gdeim Izik, condenados tras el desmantelamiento violento, en noviembre de 2010, del campamento de protesta levantado a las afueras de El Aaiún ocupado. Desde entonces, organizaciones de Derechos humanos, abogados y mecanismos de Naciones Unidas han denunciado las torturas, las irregularidades procesales y la utilización de confesiones obtenidas bajo coacción.