• Todos los miembros de la ponencia de la Comisión de Justicia excepto PP y Vox, que han votado en contra, y Junts, que se ha abstenido, han apoyado el informe de la norma.

Contramutis.-

Paso importante —casi definitivo— de la ley de nacionalidad saharaui en el Congreso. Todos los miembros de la ponencia de la Comisión de Justicia excepto PP y Vox, que han votado en contra, y Junts, que se ha abstenido, han apoyado el informe de la norma, informa Público.

En este punto, se elevará a la comisión, que votará un dictamen y será ese último texto el que se votará en Pleno. La duda reside, en estos momentos, en la velocidad con la que se recorrerá este último tramo de la tramitación parlamentaria. Sumar apretará para que la votación final se produzca en julio.

Se trata, precisamente, de uno de los grandes caballos de batalla de Sumar en esta legislatura. Por parte del Grupo Plurinacional, ha sido la diputada de Más Madrid Tesh Sidi la encargada de liderar las negociaciones. En un primer momento, fue el PSOE la formación que pareció querer torpedear la ley. En su toma en consideración, debatida en febrero de 2025, los socialistas votaron en contra; una posición que se leyó como una muestra de servilismo con Marruecos. El PP, por su parte, votó a favor. Sin embargo, los meses de negociación han terminado por llevar al PSOE al «sí», mientras que los populares, al menos en este punto de la tramitación, han optado por el «no». 

La norma permitirá a los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza en los dos años posteriores a la aplicación de la norma acreditando algunas de las pruebas que contempla el texto legislativo: DNI español de aquel momento, aunque estuviera caducado; certificado para el censo del referéndum de la ONU; certificado de los campos de refugiados de Tinduf; partida de nacimiento; libro de familia u otros. Los familiares de primer grado de consanguineidad tendrán cinco años para hacerlo.

Además, la ley incluye una reforma del Código Civil, en concreto de su artículo 22. La modificación consiste en añadir al pueblo saharaui a la lista de grupos de población que solo tiene que demostrar una residencia en España de dos años para obtener la nacionalidad, en lugar de los diez años que tienen que acreditar los saharauis en la actualidad. Así, se igualaría al pueblo saharaui con los países beroamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes.

¿A Pleno en julio?

Una vez elaborado el informe de ponencia —aprobado con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención—, la ley pasará a comisión y, después, a Pleno. Fuentes de Sumar aseguran que apretarán a su socio de Gobierno, el PSOE, para que convoque la comisión en julio y se eleve a Pleno ese mismo mes. Para que sea así, en Sumar indican que podría convocarse la comisión que emitirá el dictamen el 14 de julio, un día en el que hay Pleno extraordinario después de que se habilitara el mes de julio. Con el dictamen en la mano, podría introducirse la votación definitiva en el Pleno programado para el 23 de julio y marchar de vacaciones con la norma aprobada.

Demócrata indica que  la norma pretende reconocer la nacionalidad española a los saharauis y a sus descendientes que residían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto de 1976, bajo soberanía española, algo que, según los cálculos de Sumar, alcanzaría actualmente a unas 50.000 personas.

Hasta 350.000 posibles beneficiarios

La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará mediante DNI español (aunque esté caducado), inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros documentos. El PSOE no ha aceptado reconocer como válidos los documentos emitidos por el Frente Polisario, al no estar oficialmente reconocido como autoridad.

La propuesta también alcanzaría a los migrantes saharauis que viven en España, unos 300.000 según Sumar, que sólo tendrían que demostrar dos años de residencia legal y continuada, y no tres, para poder solicitar la nacionalidad, equiparando así su situación a la de quienes proceden de Hispanoamérica, a los sefardíes o a ciudadanos de otros antiguos territorios españoles.

La solicitud para adquirir la nacionalidad no llevará aparejado ningún tipo de tasa y deberá presentarse en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, prevista seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tras la aprobación del dictamen de la ponencia, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, ha explicado que los saharauis que actualmemte viven en España están acogidos al Estatuto de Apatridia, lo que, según ha especificado, les imposibilita trabajar, impide que tengan los mismos derechos y alarga los plazos de solicitud de nacionalidad a más de diez años.

Para el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, la proposición de ley ha dado un «paso trascendental» este martes en el Congreso y supone «un primer reconocimiento y reparación» al pueblo saharaui, aunque ha apuntado que la reparación histórica pendiente sigue siendo «hacer todo lo posible» para garantizar su derecho a la libre autodeterminación y a la soberanía en su territorio.

Por su parte, el diputado del PSOE y ponente, Artemi Rallo, ha señalado que el Congreso ha dado un paso «definitivo e irreversible» para reconocer la posibilidad de que los saharauis accedan a la nacionalidad española, coincidiendo con el año en que se cumplen 50 años desde que España abandonó el Sáhara.

Artemi ha recordado que entonces se les dio la posibilidad de acceder a la nacionalidad española, pero no pudieron ejercerla, por lo que ha definido la iniciativa como un acto de «reparación», «justicia» y «solidaridad» con la causa saharaui. Ahora confían en que Junts -cuya abstención este martes ha sido fundamental para que el dictamen saliera adelante-se incorpore al acuerdo final.