• Diputados de Más Madrid, IU, Podemos, Bildu, ERC, BNG, PNV y PP se han reunido con el delegado del Frente Polisario en Madrid para abordar la situación administrativa de los saharauis en España.

• Han estudiado dos vías: desencallar la tramitación de la ley de nacionalidad para los saharauis y modificar el reglamento de la Regularización Extraordinaria para que incluya a los apátridas.

Emilia G. Morales, en Público.-

Este miércoles 22 de abril, la portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, la saharaui Tesh Sidi, junto a parlamentarios de IU, Podemos, Bildu, ERC, BNG, PNV y PP, se ha reunido con el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi. El tema a tratar ha sido la exclusión de los solicitantes de apatridia de la Regulación Extraordinaria aprobada el pasado 14 de abril por el Consejo de Ministros, que afecta especialmente a los saharauis.

Según han informado a Público fuentes de Más Madrid, en la reunión se han puesto sobre la mesa dos opciones para revertir esta segregación. Por un lado, estudiar el posible encaje de los saharauis en la Regularización Extraordinaria mediante la modificación del reglamento o la aprobación de una orden ministerial. Por otro, forzar el desbloqueo de la ley de nacionalidad para los saharauis, paralizada en la Comisión de Justicia del Congreso desde marzo de 2025.

De acuerdo a la declaración de Sidi, al PSOE «no le va a quedar más remedio» que desencallar la tramitación de la norma. «En el Congreso hay una mayoría democrática que [así] lo exige», ha afirmado. Esta mayoría ha tenido su reflejo en la reunión celebrada con Abdulah Arabi, a la que han acudido la mayoría de los partidos del Congreso, incluido el PP y el PNV. En palabras de Arabi, la presencia de los populares «junto al resto de grupos evidencia esta mayoría parlamentaria, que siempre ha existido en todas las iniciativas sobre la cuestión del Sáhara Occidental». El gran ausente en la reunión ha sido el PSOE, de la que según ha explicado a Público «no tenía constancia cuando se convocó».

No es habitual ver a formaciones conservadoras sentadas en una mesa de negociación junto a partidos progresistas como EHBildu o IU. Sin embargo, en lo relativo a la antigua colonia española, esta excepción se ha hecho norma. Así lo demostraron los populares al apoyar la tramitación de la ley de concesión de nacionalidad española a los saharauis, impulsada por el Grupo Sumar.

La ausencia del PSOE en espacios que potencialmente podrían regularizar la difícil situación de los saharauis en España también se ha convertido en un habitual. «Desde el año 2022, sabemos que [el grupo socialista] no va a promover ninguna política activa» sobre esta cuestión, ha subrayado Tesh Sidi.

En marzo de aquel año, Pedro Sánchez (PSOE) envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que respaldaba la autonomía del Sáhara Occidental dentro del territorio de Marruecos. En otras palabras, legitimaba el control que la potencia ocupante ejerce sobre la antigua colonia española desde 1976, cuando España dejó a su suerte a la que había sido su provincia número 53.

En 1963, la ONU declaró al Sáhara Occidental como uno de los 17 territorios pendientes de descolonizar. Con su precipitada marcha, España faltó al compromiso de facilitar un referéndum de autodeterminación en el enclave africano. Un derecho, el de la libre determinación, que, sin embargo,  han reconocido -que no promovido- todos los gobiernos de la democracia hasta el viraje de Sánchez de 2022.

Desde entonces, el PSOE no ha hecho más que esquivar esta tarea pendiente. Por esta razón, la ausencia de los socialistas en la reunión con el Frente Polisario celebrada el 22 de abril, no ha sido vista por Arabi como algo extraño, sino como una acción que va en línea de «las últimas políticas del Gobierno respecto a la cuestión saharaui».

Ley de nacionalidad para los saharauis

El 25 de febrero, la proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española, fue admitida a trámite por la mayoría del Congreso de los Diputados con el único voto en contra del PSOE. En marzo, el texto se remitió a la Comisión de Justicia de la cámara baja, abriéndose el plazo para que los partidos presentaran sus enmiendas.

La oposición de los socialistas a la tramitación de esta norma no impidió al grupo parlamentario hacer propuestas para modificar el texto final. Algunas de ellas, «bastante buenas y aceptables», tal y como las ha descrito la diputada de Más Madrid. Terminada la ronda de enmiendas, el siguiente paso era la convocatoria de la reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia, encargada de estudiar las propuestas de cambios y redactar un informe.

Con él, la Comisión debía debatir el texto final de la ley, para posteriormente llevarlo al Pleno del Congreso para su votación final. La reunión de la ponencia debe ser fijada por la presidencia de la Comisión, que se encuentra en manos de los socialistas. Es aquí donde la ley ha encallado.

El PSOE lleva un año retrasando esta reunión, según reconocen fuentes de distintos grupos. Para estas formaciones, la razón es más que evidente: de momento, la ley cuenta con el respaldo de la mayoría del Congreso, por lo que, si pasara al Pleno, podría ser aprobada. En este caso, y si la Comisión de Justicia acepta las enmiendas del PSOE, los socialistas se verían en un aprieto al no apoyar la ley, ya que «nadie comprendería que el partido [socialista] votara en contra de sus propias enmiendas», ha evidenciado Tesh Sidi.

Por su parte, el PSOE ha explicado a este periódico que la convocatoria de la reunión de la ponencia «depende de los acuerdos entre las fuerzas políticas» y que, pese a que «la previsión es de que se convoque», todavía «se tiene que llegar al acuerdo para la convocatoria».

Convocatoria de la reunión

Después de que se diera a conocer la reunión entre las formaciones a la izquierda del PSOE con el PP, el PNV y el Frente Polisario, Infobae ha publicado, citando a EFE, que la ponencia de la Comisión de Justicia se había emplazado a reunirse el próximo 28 de abril. Esto es, un mes después de que recayera en este órgano. Los socialistas han afirmado a este medio que dicha información era falsa,

Por su parte, fuentes saharauis han mostrado recelo ante un supuesto avance de la ley a expensas del PSOE. Según han indicado, el anuncio de la reunión podría servir para quitarle presión al PSOE, que posteriormente podrían volver a paralizar la tramitación.

Este medio ha pedido una valoración al PSOE sobre la reunión: «No podemos hacer valoraciones de una reunión a la que no hemos asistido», admiten las fuentes socialistas. «En estos momentos, dicha ponencia no está convocada. Lo que es seguro es que la Comisión de Justicia trabaja con autonomía», contradicen, de esta manera, desde el PSOE a los partidos reunidos en el Congreso. «Este grupo trabaja y trabajará para llegar a acuerdos con el resto de grupos, pero no podemos valorar su recorrido cuando dicha ponencia no está ni constituida», añaden.

Fuentes de EH Bildu aseguran que las formaciones políticas reunidas han quedado «en trabajar los próximos días algunas de las vías para dar con una solución justa lo antes posible, estamos convencidos que por una u otra vía se va a dar». Y llama a todas las fuerzas del Congreso a «trabajar y tejer alianzas para que la diáspora saharaui en el estado tenga los mismos derechos que cualquier persona que inicie el proceso de regularización».

El laberinto burocrático de los apátridas

Solo en el año 2025, la mitad de las demandas del estatus de apátrida que se registraron en España -unas 1.500 de aproximadamente 3.000-, las hicieron saharauis. Es decir, personas que nacieron en los campamentos de refugiados de Argelia o en el Sáhara Occidental cuando esta todavía era provincia española (1958-1976). También, los hijos de quienes cumplieran algunas de estas condiciones.

Conseguir el estatus de apátrida no es una tarea fácil, por lo que el estatus de muchos saharauis termina quedando en un limbo. Por esto y por la deuda histórica de Madrid con su antiguo territorio, el Gobierno central incluyó a los apátridas en los primeros borradores de la legislación.

En la última fase del proceso de elaboración del texto, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que aconsejaba al Gobierno sacar de la regularización a los apátridas, por ya contar estos con un procedimiento específico para regular su situación en el país.

Pese a no tener la obligación de incluir estas propuestas, el Consejo de Ministros terminó por aceptar el mandato del grupo de expertos. Tres días después, el Gobierno aprobaba el real decreto, dejando fuera a los saharauis.