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El Gobierno español aprobará una nueva regularización extraordinaria de personas migrantes, la séptima en más de dos décadas, con el objetivo de facilitar el acceso a permisos de residencia y trabajo a miles de personas en situación administrativa irregular.

Sin embargo, No te olvides del Sáhara Occidental, que cita a la Cadena SER, indica que la medida incluye una exclusión significativa: los apátridas quedan fuera del proceso, lo que afecta directamente a ciudadanos saharauis cuya situación jurídica sigue sin resolverse.

La decisión resulta especialmente relevante en el caso del Sáhara Occidental. Se trata de un territorio pendiente de descolonización, donde la falta de una solución política ha generado durante décadas situaciones de apatridia que afectan a parte de su población.

En este contexto, la nueva regularización abre una vía de integración para distintos colectivos, pero deja fuera precisamente a quienes mantienen un vínculo jurídico e histórico singular con España.

Más allá de los aspectos técnicos de la medida, esta exclusión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: la ausencia de un marco claro para abordar la situación de los saharauis en España, en un contexto en el que el derecho internacional sigue reconociendo su derecho a la autodeterminación.

“Se deja fuera a los apátridas como colectivo que podría beneficiarse de esta normalización, lo que afecta prácticamente en su totalidad a los saharauis que llegaron en patera a Baleares durante el año pasado. Es llamativo que esta regularización, que por primera vez ofrece la posibilidad de obtener permiso de residencia y trabajo a los peticionarios de protección internacional, que será al menos el 50% de las solicitudes según previsiones de técnicos ministeriales, vaya a dejar fuera a los que proceden de la excolonia española, cuyo expediente territorial es el más antiguo sin resolver en Naciones Unidas, junto con el de Palestina”, concreta La Ser.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un radical giro a la posición de España en el conflicto del Sáhara Occidental, territorio que no se descolonizó y fue entregado a Marruecos a finales de 1975,  país  al que desde marzo de 2022 el jefe del Ejecutivo apoya en su ocupación, en contra de la posición mantenida anteriormente por los diferentes gobiernos de la democracia, incluidos los del PSOE.