Alfonso Lafarga.-

La 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra (Suiza), ha sido en marzo escenario de amplias y graves denuncias de sistemáticas violaciones de los DDHH en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, el territorio que España no descolonizó y entregó a Marruecos, ocupación que ahora apoya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de la postura mantenida antes por los diferentes gobiernos de la democracia.

Organizaciones de Derechos Humanos saharauis pusieron de manifiesto la acción represiva de Marruecos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, violencia sexual, falta de garantías en los juicios, campañas de difamación contra activistas de DDHH, periodistas y estudiantes. Señalaron que el régimen marroquí desprecia las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y, además, no proporciona recursos efectivos ni garantiza la rendición de cuentas por estas violaciones. Exigieron la libertad de los presos políticos saharauis, “que languidecen en las cárceles marroquíes por haber cometido el único deleito de reivindicar el derecho a la autodeterminación, un Sáhara libre y el fin de la ocupación marroquí”.

A estas denuncias se sumaron desde el Sáhara Ocupado la Liga para la Protección de los Presos Saharauis (LPPS), que especificó las deplorables condiciones y difíciles circunstancias de detención que atraviesan los presos saharauis en las cárceles de Marruecos, así como la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y el Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis en el Sáhara Occidental (CODESA), organizaciones que relataron la impunidad con la que actúan las autoridades marroquíes y reclamaron medidas concretas para proteger a los presos políticos, garantizar su acceso a atención médica y poner fin a la persecución de activistas que defienden de forma pacífica los derechos del pueblo saharaui.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, no dijo nada, al tratarse del Sáhara Occidental, a pesar de que proclama que España es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos, cuya protección y promoción constituye un eje esencial de su política exterior. “La libertad, la justicia y la paz se fundamentan en el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de todas las personas”. Todo lo que no ocurre en los territorios del Sáhara Occidental que invadió el ejército marroquí.

Cuando el jefe del Ejecutivo anunció en septiembre del pasado año nueve acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina, entre ellas embargo de armas a Israel y, bloqueo a responsables de crímenes de guerra: prohibición de acceso a territorio español a quienes participen directamente en el genocidio o en violaciones de Derechos Humanos, El Socialista, medio de comunicación del PSOE, tituló. “El Gobierno de España, la brújula de los derechos humanos en la UE”. Y destacó: “Ante la indiferencia frente al genocidio, el presidente Sánchez ha anunciado nueve acciones urgentes para detener la masacre y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino”.

La palabra indiferencia describe la permanente actitud de Pedro Sánchez con el pueblo saharaui, que en su día fue español. Desde 2015 doce altos cargos militares y de la policía de Marruecos se encuentran procesados en España, en la Audiencia Nacional, por delitos de genocidio contra el pueblo saharaui, con orden internacional de detención. En el Sáhara Occidental se produjo un ataque sistemático contra la población civil por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”, según el auto del juez Pablo Ruz.

Y si el Sáhara Occidental no existe en materia de DDHH para Pedro Sánchez, los que si defiende para Palestina, Líbano, Ucrania…, tampoco llama la atención del ministro de Asuntos Exteriores. José Ma

nuel Albares, que no se da por enterado de la concentración que desde hace cinco años y un mes realiza todos los lunes el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) por la libertad de los reclusos saharauis ante la sede de su departamento en la Plaza de la Provincia de Madrid para que España, potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, actúe ante las autoridades marroquís.

A continuación una resumen de informaciones relacionadas con los Derechos Humanos correspondientes a marzo de 2026, en el Sáhara Occidental ocupado y sobre los presos políticos saharauis en cárceles marroquís, según organizaciones y medios de comunicación saharauis y españoles.