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• Se cumple medio siglo del ataque aéreo a cientos de desplazados en el desierto, hechos incluidos en un auto de 2015 de la Audiencia Nacional contra 11 mandos marroquíes que nunca rindieron cuentas.

Santiago F. Reviejo, en Público.-

 El tiempo no lo cura todo. Este mes se cumplen 50 años del bombardeo con fósforo blanco y napalm sobre la población saharaui que huía del Sáhara ocupado por el ejército de Marruecos, sin que aún hayan respondido por ello ninguno de sus responsables.

El ataque, perpetrado en medio del desierto causando decenas de muertes, forma parte de un auto de la Audiencia Nacional española que en 2015 ordenó la detención de 11 mandos militares y policiales marroquíes acusados de un delito de genocidio contra el pueblo saharaui. Once años después de esa resolución judicial, ninguno ha sido juzgado, ni siquiera interrogado.

Aquella masacre se sitúa entre el 19 y el 21 de febrero de 1976 en Um Dreiga, donde se habían concentrado de 3.000 a 4.000 saharauis que, en coches o andando, huían del sur del Sahara, la colonia española que había sido tomada por el ejército marroquí tras la Marcha Verde. Era el mayor campamento de desplazados, montado en un lugar frecuentado por beduinos para dar de beber a su ganado del agua de unos pozos en mitad del desierto. Dado su tamaño, contaba con un hospital de campaña y un dispensario, identificados con el símbolo de la Media Luna Roja (Cruz Roja). Sus ocupantes eran, en su mayoría, mujeres, niños y ancianos, muchos aún con su DNI en la cartera como vecinos de la que había sido la provincia 53 de España, el Sahara. Los hombres estaban a 70 kilómetros, en el frente de guerra que habían abierto las fuerzas del Frente Polisario y las de Marruecos. 

Todo esto se sabe por lo que contaron los supervivientes a los autores de la investigación Los otros vuelos de la muerte, publicada por el Instituto Hegoa, en colaboración con la Universidad del País Vasco y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Ese trabajo fue dirigido por Carlos Martín Beristain, médico y doctor en psicología social, participante en Comisiones de la Verdad de varios países de América y África, que declaró en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se abrió la causa por genocidio contra mandos militares y civiles marroquíes. “Es el único caso que se conoce en el mundo en el que se haya bombardeado a una población desplazada de un conflicto”, subraya Beristain a Público.

El bombardeo, según los supervivientes, se hizo en dos pasadas, con disparos de ametralladora incluidos, y los primeros objetivos fueron el dispensario y los pozos de agua del campamento. Chrifa Dahan, una mujer desplazada de El Aaiún, dio a luz ese mismo día y relató así a los investigadores de la masacre el horror que vivió: “Las bombas explotaban y todo se volvía fuego y se incendiaba todo. Había también humo y mucho polvo que no dejaba respirar y que impedía ver. Yo encontré un árbol y me quedé escondida y comencé a parir. Sola, sin la ayuda de nadie, di a luz a mi hija mayor, Galat”.

Otros testimonios estremecedores son los de Minetu Sali Selma, a quien su madre, envuelta en llamas por el bombardeo, salvó la vida cuando ella tenía solo 40 días, arrojándola lejos para que no se quemara. “Iauguiha Ali Mohamed, la hermana de esa mujer, que murió calcinada, lo contó así: “Fue un infierno. La aviación marroquí envió bombas con napalm que lo quemaron todo y de inmediato mucha gente murió y también hubo muchos heridos”.

Otra mujer, Nuha, describió de esta forma lo ocurrido: “La primera bomba cayó justo en el hospital. Había mucho fuego. En el hospital había mujeres parturientas y enfermeras. Una matrona murió decapitada por la bombas. Mi jaima estaba cerca del dispensario. Sería al mediodía cuando cayeron nuevas bombas. Salieron corriendo todo el mundo buscando algún lugar donde esconderse. No había coches ni transporte para evacuarnos. Estuvimos escondidos por las montañas y las dunas dos semanas, hasta que fuimos evacuados a Rabuni”.

Muchos cadáveres calcinados

Según la investigación de Los otros vuelos de la muerte, las pruebas que determinaron el uso del napalm y fósforo blanco en el bombardeo de Um Dreiga se basan, fundamentalmente, en que había cadáveres calcinados y muchos heridos por quemaduras, que supervivientes y personal médico que los atendieron reportaron numerosos problemas respiratorios y que el fuego se extendió a todo el campamento de desplazados de una manera nada habitual cuando se arrojan bombas convencionales, según los expertos.

El testimonio de otro de los supervivientes, Sid Ahemed Baba, relata una escena dantesca: “La imagen que me impresionó mucho fue la de una mujer que se llamaba, creo recordar, Fula Mohamed Abdalani, que estaba recostada de lado dándole el pecho a una criatura y tanto ella como la criatura quedaron carbonizadas. Cuando intentabas tocar una parte de su cuerpo, se deshacía en tus manos”.

Esa masacre fue incluida en abril de 2015, sin autores conocidos, en un auto de la Audiencia Nacional por la comisión de un delito de genocidio contra el pueblo saharaui, a raíz de una querella interpuesta por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa) y la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, entre otros. En ella se denuncia que desde la ocupación de Marruecos, en noviembre de 1975, hasta 1991, año en el que se firmó el alto el fuego en la guerra entre el Frente Polisario y el ejército marroquí, “se produjo un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes: bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui, debido precisamente a dicho origen, con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”.

Tras las diligencias practicadas, que incluyeron declaraciones de supervivientes, familiares y expertos que habían investigado los hechos denunciados y el hallazgo de una fosa común en el desierto, la instrucción del magistrado Pablo Ruz, que había sustituido en el Juzgado Central de Instrucción 5 a Baltasar Garzón, concluyó que “como mínimo” se habían registrado 50 muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas armadas o policiales de Marruecos, calificadas como asesinatos, 39 de las cuales fueron causadas por el bombardeo de Um Dreiga, 10 de ellas de niños. Además, concurrían, según el auto, 76 asesinatos en grado de tentativa, 208 detenciones ilegales, seis de ellas sin paradero de la víctima, y 23 delitos de tortura.

El objetivo era destruir al pueblo saharaui

El juez Ruz consideró probado que se había cometido un delito de genocidio, con el propósito de destruir, total o parcialmente, a la población saharaui, mediante el asesinato, desapariciones forzadas, la tortura y la reclusión, hechos que atribuyó a 11 personas, entre ellas Abdelhafid Ben Hachem, quien fue jefe de la Dirección General de Seguridad Nacional y delegado general de Administración Penitenciaria de Marruecos. Contra ellas, dictó orden internacional de busca, detención y entrada en prisión, para su posterior extradición a España, así como el envío de una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Marruecos para hacer cumplir el auto.

Más de una década después, ninguno de los acusados ni siquiera ha prestado declaración ante el juez por los hechos investigados. “No se ha hecho nada. Marruecos ha bloqueado y ninguneado la comisión rogatoria dirigida a sus autoridades judiciales”, se lamenta la presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, Inés Miranda, quien, en declaraciones a Público, critica también que el Gobierno español tampoco haya hecho nada para exigir al país vecino que cumpla con el mandato de la Audiencia Nacional.

De esta forma, el auto del juez Ruz, que supuso un “gran triunfo» para las organizaciones que presentaron la querella tras un arduo trabajo de recopilación de la documentación incriminatoria, ha acabado siendo una frustración al no haber conseguido llevar ante la justicia a los 11 mandos militares y policiales marroquíes encausados, que en su mayoría seguían en activo cuando se dictó su orden de detención.

Inés Miranda no entiende la parálisis en la que se encuentra una causa que no ha prescrito, ni lo hará nunca, porque los delitos de genocidio y de lesa humanidad no prescriben en ningún caso, tal como como dispone el artículo 131 del Código Penal. A su entender, el gobierno de España debería haber sido más activo a la hora de defender la legalidad y exigir al de Marruecos que cumpla con la obligación emanada de un órgano judicial como la Audiencia Nacional, a través de una comisión rogatoria.

“Es vergonzoso que España y la UE mantengan relaciones con un país que definen como demócrata, pero que no colabora en algo tan importante, tan crucial para la democracia, como es la investigación de un delito de genocidio”, añade la presidenta de una de las organizaciones que presentó la querella origen del auto del juez Ruz.

Una “asignatura pendiente” de España 

Carlos Martín Beristain, quien declaró durante las diligencias judiciales de este caso, considera que sigue siendo una «asignatura pendiente de la democracia española» hacer cumplir lo que se ordenó en el auto de abril de 2015. “Marruecos nunca ha respondido a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional, lo que es un problema muy serio desde el punto de vista jurídico y diplomático al que no se le ha puesto ninguna atención”, dice a este periódico uno de los mayores expertosdel mundoen la investigación de persecuciones sufridas por la población civil, consultor de la Corte Penal Internacional.

Según Beristain, en el caso del bombardeo de Um Dreiga el ataque supuso el inicio del refugio del pueblo saharaui en los campamentos de Tinduf en Argelia, donde continúan viviendo medio siglo después más de 170.000 personas, porque en ese momento se dieron cuenta de que ya no había posibilidad de regresar a su tierra en el Sahara Occidental, de la que habían salido creyendo que era algo provisional.

De la investigación que hizo en 2014 con las víctimas del bombardeo junto al que era jefe clínico de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Antonio Martínez, concluyeron que se habían usado bombas incendiarias en el ataque contra el mayor campamento de desplazados tras la ocupación marroquí del Sahara. “Fue un crimen de lesa humanidad que nunca ha sido investigado ni reconocido por Marruecos”, recalca Carlos Martín Beristain.

La investigación no pudo avanzar mucho más porque el lugar de los hechos quedó del lado marroquí cuando su ejército construyó un muro de 2.700 kilómetros de largo, protegido con miles de minas antipersona y anticarro. Eso ha hecho imposible profundizar en el estudio de lo ocurrido y recuperar los restos de las víctimas. “Muchos cadáveres fueron enterrados en varias fosas sin siquiera haber sido identificados, porque se tuvo que hacer la inhumación a la carrera, en medio del terror de los ataques aéreos. Y esa exhumación sigue siendo una asignatura pendiente también”, añade Beristain.

“Impunes», con el “amparo» de Marruecos

El responsable de Asuntos Políticos del Frente Polisario (gobierno saharaui) en España, Salamu Hamudi, ve con una “pena enorme” que los responsables del bombardeo hayan salido “impunes”, que aún no se haya reconocido a las víctimas de esa masacre y no se les haya resarcido. “Han sufrido una doble injusticia: primero tuvieron que abandonar su país y sufrir un bombardeo durante la huida, y ahora sus verdugos están libres”, dice a Público.

Hamudi considera perfectamente documentado que en ese bombardeo contra población civil se utilizaron armas declaradas ilegales internacionalmente, como el fósforo blanco y el napalm, dentro de una estrategia para intentar un genocidio. “El objetivo era eliminar a los saharauis. Así lo dijo el propio Hassan II (anterior rey de Marruecos, padre del actual monarca), que había que eliminar a los seis o siete beduinos, como llamaba a los saharauis. Pero luego tuvo que enfrentar una guerra durante 17 años y firmar la paz”, recuerda el portavoz del Polisario en España.

Según Salamu Hamudi, los acusados de genocidio en la instrucción de la Audiencia Nacional tienen el amparo del estado de Marruecos, mientras que el de España no ha sido capaz, por su parte, de hacer cumplir el auto judicial que obligaba a detenerlos y extraditarlos, pese a que muchas víctimas tenían documentación de este país como vecinos que eran de una de sus provincias. “Algunos están ya jubilados, otros viajan mucho a Europa, a Francia, sobre todo. Tienen el amparo de Marruecos y caminan sueltos y libres sin que nadie los haya llevado ante la justicia”, se lamenta.

Los investigadores de Los otros vuelos de la muerte subrayan, por su parte, que el Derecho Internacional contempla que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones del Derecho Humano Internacional como los crímenes de guerra no prescriben y que “debe ser objetivo de cualquier sociedad democrática que se investiguen dichos delitos y se aplique justicia”, algo que las víctimas de este caso llevan esperando 50 años, medio siglo.

En ese mismo documento aportado como prueba en la causa de la Audiencia Nacional se advierte de que las consecuencias de los bombardeos tienen también un impacto transgeneracional. Las víctimas, se precisa, pertenecían a diferentes generaciones que siguen sin ver reconocido el sufrimiento padecido. “Al mismo tiempo —se añade a continuación—, las nuevas generaciones forman nuevas familias en las que ese daño se transmite a través de exigencias de cuidados o condiciones económicas precarizadas”. 

“Lo que cambió mi vida es que este niño nunca olvidará lo que pasó en aquel momento. Eso quedará grabado en mi memoria. Aquel niño tuvo que recorrer muchos kilómetros a pie, el hambre, la sed que pasó, el sufrimiento hasta que intentas superar lo que te pasó y olvidarlo, pero nunca lo puedes olvidar”, cuenta en el documento Hamdi Lejlifa, otra de las víctimas del bombardeo. 

En el auto de la Audiencia Nacional emitido el 9 de abril de 2015 se ordenó de forma directa la busca, detención e ingreso en prisión de Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi, mientras que para el coronel Lamarti, Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri se dictó remitir con carácter previo a las autoridades judiciales de Marruecos la comisión rogatoria solicitada por el ministerio fiscal.