• El caso de José Bono y sus cinco inmuebles en Marruecos se suma a otros vínculos patrimoniales de políticos españoles, entre ellos, Luis Planas y el antecedente de Felipe González. Una coincidencia temporal que cobra relevancia tras el cambio de posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental

Alberto Galone, en El Cierre Digital.-

La compra de cinco inmuebles en la costa de Tánger por parte del exministro y expresidente del Congreso José Bono, por un importe total de 259.900 euros, ha reactivado un debate que llevaba tiempo latente en determinados entornos jurídicos y políticos. 

No por la legalidad de la operación —que no se cuestiona—, sino por la coincidencia temporal entre estas inversiones y el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. 

A partir de ese caso concreto, distintas fuentes consultadas señalan un patrón más amplio: la aparición o consolidación de intereses patrimoniales en Marruecos por parte de dirigentes socialistas

en paralelo a un giro diplomático de gran trascendencia como es la posición española respecto al Sáhara Occidental ante Marruecos.

José Bono y sus cinco inmuebles en Tánger

Como venimos mencionando, según documentación mercantil publicada por diversos medios, José Bono habría adquirido cinco inmuebles urbanos en Marruecos a través de una sociedad mercantil de su propiedad llamada Joasa 2012, S.L. 

Las operaciones al parecer se realizaron de forma escalonada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, con participación del 100%, y se concentran en la zona de Ben Charki, en la costa de Tánger.

Las fincas aparecen con numeraciones correlativas o muy próximas, lo que apunta a un mismo entorno residencial. Fuentes cercanas apuntan además que «esa zona de Tánger es espectacular, es lo más ‘VIP’ de Marruecos, incluso más que Marrakech».

Los importes unitarios son dispares, desde cantidades en torno a los 10.000 euros hasta otras cercanas a los 100.000, una estructura frecuente en Marruecos cuando una vivienda o complejo se divide en varias unidades registrales. 

El total invertido asciende a 259.900 euros. Todo consta en la contabilidad de la sociedad y no se aprecia irregularidad formal alguna.

A partir de este hecho, fuentes del ámbito jurídico subrayan que la cuestión relevante no es la compra en sí, sino su encaje temporal con el contexto político.

“Cuando un ex alto cargo con peso simbólico invierte en un país justo después de que España avale una posición clave para ese país, la coincidencia merece análisis”, resume uno de los consultados.

El giro sobre el Sáhara y el nuevo marco con Rabat

El 18 de marzo de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó oficialmente su respaldo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, calificándolo como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. 

La decisión supuso un cambio sustancial respecto a la posición mantenida durante décadas y abrió una nueva etapa en las relaciones con Marruecos.

Desde entonces, el Gobierno ha defendido el giro como una decisión estratégica vinculada a la estabilidad regional, la cooperación migratoria y la seguridad. 

Sin embargo, el cambio también incrementó el escrutinio sobre las relaciones personales, profesionales y económicas de dirigentes españoles con Rabat. En ese contexto, varios analistas destacan que José Bono «modificó de forma visible» su discurso público sobre el asunto tras 2022. 

El exministro, que durante años se había alineado con el enfoque tradicional español sobre el Sáhara, «pasó a defender con mayor claridad la alianza estratégica con Marruecos».

Además acabó participando en conferencias, actos institucionales y visitas a territorios bajo control marroquí, incluido El Aaiún. Las compras inmobiliarias se producen después de ese reposicionamiento.

Desde el entorno jurídico se insiste en que «no puede establecerse una relación causal, pero sí una coincidencia cronológica significativa que, en términos de percepción pública, resulta políticamente sensible».

Luis Planas: Un ministro en activo con vivienda declarada en Marruecos

El caso del ministro de Agricultura Luis Planas aparece de forma recurrente en este debate. A diferencia de Bono, no se le atribuyen adquisiciones recientes conocidas, pero sí un dato relevante: Planas declaró oficialmente en 2023 la propiedad de una vivienda en Marruecos, además de inmuebles en Córdoba, Málaga y Madrid.

La existencia de esa propiedad figura en sus declaraciones de bienes, lo que refuerza la transparencia formal del caso. No obstante, fuentes políticas subrayan un matiz clave.

Y es que Planas es ministro en activo desde 2018 y uno de los miembros del Gobierno con mayor peso en la relación con Rabat, especialmente en el ámbito agrícola y comercial, donde los acuerdos con Marruecos han sido objeto de debate en la Unión Europea.

“Desde el punto de vista legal no hay reproche, pero desde el punto de vista institucional la situación es delicada”, apuntan fuentes cercanas. 

 “Cuando un ministro que participa en decisiones estratégicas mantiene intereses patrimoniales en el país beneficiado por esas decisiones, la exigencia de transparencia se eleva”.

Felipe González: El precedente de Tánger y la venta en 2014

Como antecedente histórico aparece el nombre de Felipe González. El expresidente del Gobierno tuvo terrenos en la zona de Jbila, también en Tánger, donde proyectó la construcción de una vivienda que finalmente no llegó a materializarse. 

En 2014, vendió esos terrenos a la familia real de Arabia Saudí, poniendo fin a su vinculación patrimonial directa con Marruecos.

Aunque esta operación es anterior al giro de 2022, González ha sido en la última década uno de los principales defensores de una relación estrecha con Rabat y del plan de autonomía para el Sáhara. 

Para algunos observadores, su caso demuestra que la relación entre dirigentes socialistas y Tánger no es nueva, pero también que históricamente ha existido escasa explicación pública sobre estos vínculos.

“El caso González no es comparable en fechas, pero sí ayuda a entender que Tánger ha sido durante años un espacio de residencia, inversión o relación personal para dirigentes con influencia política”, señala una de las fuentes consultadas.

Un debate que trasciende lo inmobiliario

Ninguno de los casos expuestos presenta indicios de ilegalidad. Las inversiones conocidas son lícitas, están declaradas cuando corresponde y no vulneran la normativa sobre incompatibilidades.

Sin embargo, el debate que aflora es político e institucional, no penal. Los juristas consultados recuerdan que en materia de política exterior «la apariencia de conflicto de intereses puede ser tan relevante como el conflicto real».

La cuestión de fondo es si resulta oportuno que figuras con influencia pasada o presente en la política hacia el Sáhara mantengan intereses patrimoniales en Marruecos justo después de un giro diplomático favorable a Rabat.

El Gobierno sostiene que la decisión de 2022 respondió exclusivamente a razones estratégicas. Sus críticos no siempre discuten ese argumento, pero reclaman mayor pedagogía pública y estándares más exigentes de transparencia cuando, en paralelo, emergen o se consolidan vínculos privados con el país beneficiado.

Más allá de Bono, Planas o González, el debate para cada vez más voces apunta a una cuestión estructural: cómo deben gestionarse los vínculos personales y patrimoniales de las élites políticas españolas con terceros países cuando están en juego decisiones de política exterior de enorme impacto histórico y simbólico. Una discusión abierta y, por ahora, sin una respuesta definitiva.