• El Congreso aprueba una iniciativa de Vox que insta al Gobierno a oponerse a la modificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos por incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental.

• La organización agraria ASAJA alza la voz de alarma ante la Comisión Europea, denunciando enérgicamente la renovación «por vía exprés» del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos

Contramutis.-

La ex colonia española ocupada por Marruecos, provoca alianzas poco habituales en el Congreso de los Diputados desde el histórico cambio de posición del PSOE en el contencioso. La Cámara Baja ha aprobado este jueves una iniciativa de Vox que insta al Gobierno a oponerse a la modificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos por incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente, vulnerando las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, informa El Independiente.

La proposición, derivada de una interpelación al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibió el apoyo del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Sumar. El PSOE y el resto de sus socios de investidura —ERC, PNV, Bildu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG— votaron en contra. El resto de los puntos de la moción fue rechazado.

El texto aprobado recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que anuló los acuerdos agrícola y pesquero entre la UE y Marruecos al considerar que se aplicaban al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, vulnerando el derecho internacional.

Contexto del acuerdo

La Comisión Europea logró en tiempo récord negociar con Marruecos una nueva versión del acuerdo comercial con Marruecos tras la anulación dictada por el TJUE. El objetivo es adaptar el texto a la jurisprudencia europea, aunque Rabat insiste en que los productos procedentes del Sáhara deben mantener su acceso preferente al mercado europeo.

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la ONU. Marruecos controla la mayor parte del territorio y lo considera parte de su soberanía, mientras el Frente Polisario, con el apoyo de Argelia, reclama la independencia.

La votación en el Congreso pone de manifiesto una vez más la división política en torno a la política exterior española hacia Marruecos. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una relación estratégica con Rabat desde el giro diplomático de 2022 —cuando España respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara—, sus socios parlamentarios se oponen a cualquier reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio.

A finales de septiembre, formaciones del Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui enviaron una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitando que España rechace el nuevo acuerdo. En la misiva denunciaban las maniobras de Bruselas y Rabat para incluir al Sáhara en el tratado y recordaban que “cualquier acuerdo sobre los recursos naturales saharauis requiere el consentimiento del pueblo saharaui”.

El Frente Polisario ya ha advertido que recurrirá cualquier nuevo texto que incluya al Sáhara Occidental. Organizaciones de defensa de los derechos saharauis han acusado a la UE de “ignorar deliberadamente” el fallo judicial y de “dar cobertura económica a la ocupación marroquí”.

RECHAZO DE ASAJA

La organización agraria ASAJA, por su parte,  ha alzado la voz de alarma ante la Comisión Europea, denunciando enérgicamente la renovación «por vía exprés» del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. La organización considera que este nuevo pacto, negociado con la supuesta connivencia de Estados miembros como España y Francia, reproduce los errores del acuerdo anterior, anulado en su momento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y vulnera flagrantemente el derecho internacional y los principios de equidad del mercado, informa Empresa Exterior. 

Durante su participación en los Grupos de Diálogo Civil sobre Frutas y Hortalizas y Aspectos Internacionales de la Comisión, ASAJA manifestó su «indignación» por la forma en que se ha llevado a cabo la negociación, que ignora la transparencia y el respeto a la legalidad vigente. La organización advierte que el acuerdo no solo omite compromisos internacionales clave, como el cumplimiento del Acuerdo de París, la Ley de la Deforestación o las exigencias medioambientales y sociales impuestas a los productores europeos, sino que también perpetúa una grave competencia desleal.

Falta de Controles y Riesgo para la Seguridad Alimentaria

Uno de los puntos más críticos señalados por ASAJA es la ausencia de mejoras en la coordinación de los controles fronterizos. La organización lamenta que se siga permitiendo la entrada de productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la UE, debido a una «escasa eficacia» en las inspecciones. Según datos de la propia Comisión, apenas el $0.0082\%$ de las importaciones son inspeccionadas en aduanas, un nivel que, según ASAJA, «pone en entredicho la seguridad alimentaria» y las condiciones de igualdad en el mercado.

Además, el acuerdo no incluye ninguna garantía en materia laboral o de derechos sociales, lo que genera un perjuicio directo a los agricultores de países como España, Portugal, Italia, Grecia y Francia, quienes sí deben cumplir estrictamente con la normativa comunitaria.

Uso «Cínico» de Fondos Europeos y Cuestión del Sáhara Occidental

ASAJA acusa a la Comisión Europea de realizar un «ejercicio de equilibrismo político» que evita la consulta al pueblo saharaui. La organización denuncia que, de manera «cínica», se utilizan fondos europeos para financiar la modernización de infraestructuras agrícolas en los territorios ocupados, favoreciendo la producción y exportación de productos que se benefician «injustamente» de preferencias arancelarias.

La asociación agraria recuerda a Bruselas que es consciente de la «triangulación» de productos procedentes del Sáhara Occidental que, en el pasado, Marruecos ha introducido en los contingentes comerciales asignados para eludir aranceles y normas de origen.

Ante este panorama, ASAJA reitera su rechazo total al acuerdo y hace un llamamiento directo al Parlamento Europeo y a los eurodiputados a rechazar frontalmente su ratificación, alegando que el pacto compromete la seguridad alimentaria europea, vulnera el principio de equidad y contradice las resoluciones internacionales relativas al estatus del Sáhara Occidental.