IU: El respaldo a Marruecos sobre el Sáhara Occidental traiciona los principios democráticos que España debe defender

  • España es la responsable de la situación en el Sáhara Occidental, “puesto que fuimos la potencia administradora de un territorio colonial, permitimos que la ocupara Marruecos y tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones válidas y ayudar a resolver el conflicto, pero sobre la base establecida por las Naciones Unidas”.

Alfonso Lafarga.-

Izquierda Unida afirma que la defensa que hace el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental traiciona los principios democráticos que España debería defender.

La formación que lidera Antonio Maíllo expresa su firme repulsa ante las declaraciones de Albares, “que ha vuelto a respaldar la ilegítima propuesta de Marruecos sobre una supuesta `autonomía´ de la excolona española bajo su soberanía.

En referencia al encuentro del ministro con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, el 17 de abril, IU dice que el posicionamiento del ministro, “lejos de contribuir a la paz y la justicia, consolida una grave vulneración del Derecho Internacional y traiciona los principios democráticos que España debería defender”.

Tras indicar que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, indica que la postura del Gobierno español, “alineada con los intereses expansionistas de Marruecos”, ignora el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación, como establece el Derecho Internacional.

Asegura IU que la denominada “autonomía” marroquí no solo carece de legitimidad jurídica, sino que perpetúa una ocupación militar y una sistemática violación de los Derechos Humanos, y que Marruecos ha sido señalado reiteradamente por organizaciones internacionales por su represión contra la población saharaui, el expolio de recursos naturales y el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invalidaron los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos por incluir productos del Sáhara Occidental.

Ante las “opacas negociaciones entre el Gobierno español y Marruecos”, la formación del diputado Enrique Santiago exigirá al Ejecutivo que aclare si ha abordado con Rabat el cumplimiento de las sentencias del TJUE, que prohíben la explotación económica de un territorio ocupado sin el consentimiento de su pueblo. “Resulta inadmisible que, mientras se celebra un `récord histórico´ en los intercambios comerciales hispano-marroquíes, se silencie el saqueo de recursos saharauis y la complicidad de empresas españolas en él”, argumenta.

España, como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, tiene una responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui y la decisión de Sánchez de respaldar el plan marroquí no solo rompió décadas de consenso diplomático, “sino que socavó la credibilidad de España como actor comprometido con los Derechos Humanos y la descolonización”, añade.

IU rechaza el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que ya fue presentado en 2007 y se ha demostrado como una propuesta fracasada, pues además de su falta de concreción busca integrar de manera forzada al pueblo saharaui bajo soberanía y territorio marroquí y le niega el derecho de autodeterminación, reconocido por la ONU, por lo que no puede ser, como ha manifestado el ministro de Exteriores español, “la base seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

Considerando que aunque España debe buscar mantener las mejores relaciones de vecindad con Marruecos, el Sáhara Occidental no puede ser la moneda de cambio en materias económicas, migratorias o de seguridad, ignorando el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU que para el estado español deben ser de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que España es responsable de la situación, “puesto que fuimos la potencia administradora de un territorio colonial, permitimos que la ocupara Marruecos y tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones válidas y ayudar a resolver el conflicto, pero sobre la base establecida por las Naciones Unidas”, finaliza.