• Su objetivo era analizar la situación de los Derechos Humanos en los Territorios que España entregó a finales de 1975 al régimen marroquí y que este mantiene bajo ocupación.

Alfonso Lafarga.-

El Gobierno de Marruecos ha impedido entrar en el Sáhara Occidental a una delegación de juristas de España que había viajado a El Aaiún, comisionada por el Consejo General de la Abogacía, para analizar y verificar la situación de los Derechos Humanos en los Territorios que España entregó a finales de 1975 al régimen marroquí y que este mantiene bajo ocupación

La Delegación Jurídica Técnica la componían las juristas canarias Dolores Travieso Darías y Flora Marrero Ramos y el técnico Silvestre Suárez Fernández; tenían previsto permanecer en la capital saharaui desde 5 al 18 de marzo y habían informado del viaje a los gobiernos de España y de Canarias, a las Naciones Unidas y al Parlamento y Consejo Europeo.

Con estas expulsiones son ya, al menos, 17 las personas -15 de ellas españolas- que han sido expulsadas en lo que va de año del Sáhara Occidental ocupado por las autoridades marroquíes, sin que el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que dirige José Manuel Albares, se haya pronunciado.

Dos supuestos agentes marroquíes sin identificar subieron a un avión español al llegar a El Aaiún e impidieron a la delegación desembarcar y la aeronave fue devuelta a las Palmas de Gran Canaria.

La forma de actuar fue similar a la que las autoridades marroquíes utilizaron el 21 de febrero pasado, cuando personas de paisano y sin identificar no permitieron descender del avión en El Aaiún a las eurodiputadas Isa Serra, española, y Catarina Martins, de Portugal y al eurodiputado Jussi Saramo, de Finlandia.

En el caso ocurrido ahora en El Aaiún, la delegación española se ha quejado de que los dos individuos subieran a un avión que es territorio español, sin identificarse y sin dar explicación alguna.

Previamente a la llegada a El Aaiún, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) informó de que el marco de trabajo de la visita son los lineamientos iniciados en 2002, “que se mantienen hasta la presente fecha y que, además, incluye el estudio de la gestión de los recursos naturales del territorio saharaui”.

La delegación tenía previsto reunirse con familiares de los presos políticos y de conciencia saharauis y organizaciones saharauis como la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y con la población civil saharaui.

Para la IAUJWS “el mantenimiento de las misiones internacionales de observación es esencial para la supervisión del cumplimiento de las normas y los estándares internacionales de Derechos Humanos, sobre todo en los Territorios No Autónomos como el Sáhara Occidental, donde el proceso de descolonización se encuentra inconcluso, entre otras razones, por la presencia de una potencia ocupante como el Reino de Marruecos”.

“Esta ocupación ilegal se manifiesta, además, mediante el expolio de los recursos naturales saharauis, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos de la población saharaui, las detenciones arbitrarias e ilegales de defensores de DDHH y el abierto desacato a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad de los Acuerdos de Pesca y Agricultura entre la UE y el Reino de Marruecos”, afirma la IAUJWS.

Las autoridades marroquíes ya impidieron a letradas canarias en anteriores ocasiones realizar su labor por los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado, el último Territorio No Autónomo de África.

El 3 de junio de 2023 Inés Miranda y Dolores Travieso, acreditadas por el Consejo General de la Abogacía Española, fueron expulsadas de El Aaiún tras ser retenidas y recibir un “trato vejatorio” durante varias horas en el aeropuerto de la capital saharaui.

Anteriormente, el 2 de octubre de 2021, Inés Miranda y Flora Marrero, acompañadas de la médica española de origen saharaui Raabub Mohamed Lamin, no pudieron pasar el control de pasaportes en El Aaiún y fueron obligadas con violencia a subir al avión en el que habían llegado. Su intención era viajar a la ciudad de Bojadorde El Aaiún para asistir a la defensora de los Derechos Humanos Sultana Jaya, que se encontraba enferma de Covid y llevaba desde el 19 de noviembre de 2020 bajo arresto domiciliario sin orden judicial, y sin poder recibir visitas ni atención medica.

La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), ha dicho que la expulsión la “habitual y constante restricción de la entrada del territorio se enmarca dentro de la política de aislamiento y del bloqueo militar y mediático impuesto desde 2014”, y llama a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas para obligar a las autoridades de ocupación a cesar estas prácticas y garantizar el respeto de los derechos humanos.

AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, por su parte, lamenta que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, la Unión Europea y las Naciones Unidas no hayan adoptado medidas efectivas para garantizar la misión de la delegación de juristas, “acción que se agrava por la colaboración de una empresa española como Binter Canarias con las fuerzas de ocupación”.

Para el Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA), se trata de “una flagrante violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.

La LPPS afirma que Marruecos ha expulsado del Sáhara Occidental a más de 291 personas de 21 países entre profesionales de los medios de comunicación, abogados y activistas de DDHH.