
- La Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental espera que la proposición no quede olvidada en un cajón “como ha ocurrido con tantos otros documentos en defensa de los y las saharauis”.
- PIMSO ve con preocupación que el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox, “lo que hace prever que habrá esfuerzos para que la iniciativa no prospere.
Contramutis.-
La Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental (PIMSO) espera que Estado español asuma su responsabilidad y tramite la Proposición de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE, para el reconocimiento de la nacionalidad española a los y las saharauis que nacieron bajo la colonia española (antigua provincia 53) y a sus descendientes.
Desde PIMSO esperan que esta proposición no quede olvidada en un cajón, “como ha ocurrido con tantos otros documentos en defensa de los y las saharauis” y que, si es aprobada, “el Estado implemente mecanismos efectivos para su aplicación, lo que implica que España facilite toda la documentación necesaria a quienes quedaron sin documentación tras la ocupación marroquí, asegurando el acceso a este derecho sin trabas burocráticas”.
En un comunicado, la Plataforma ve con preocupación que el PSOE ha votado nuevamente en contra y Vox se ha abstenido, “lo que hace prever que habrá esfuerzos para que la iniciativa no prospere”. “Ante este escenario, instamos a todas las fuerzas políticas a no bloquear un avance que responde a una deuda histórica con el Pueblo Saharaui”, recalca.

Agrega que el Estado español “debe asumir que sigue siendo la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental y que la colonia no ha desaparecido mientras continúe inconcluso el proceso de descolonización, y ejercer su obligación de garantizar la protección jurídica de los y las saharauis”.
PIMSO alaba la defensa hecha en el Pleno del Congreso por la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, de la Proposición de Ley “con verdad, dignidad, emoción y crudeza”, que “supone un primer paso hacia la reparación del daño histórico causado al pueblo saharaui tras décadas de vulneración del derecho internacional y complicidad con la potencia ocupante”. “Su intervención ha puesto de manifiesto la responsabilidad ineludible de España y las graves consecuencias de su abandono sobre el Pueblo Saharaui”, indica.
Finaliza señalando que esta ley “debe ser una herramienta real de representación jurídica para una población a la que el derecho internacional ya reconoce el derecho a decidir su futuro”, y exige a España que de su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que el 27 de febrero celebra 49 años desde su proclamación en 1976, “consolidándose como un Estado constituido por la libre determinación de su pueblo” y la respalde en los foros internacionales.














