• Agentes de una empresa de seguridad marroquí han controlado a los activistas saharauis durante el vuelo.

Alfonso Lafarga.-

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el mismo que como magistrado de la Audiencia Nacional recogió en un Auto judicial la obligación de España de dar protección, incluso jurisdiccional, a los ciudadanos saharauis contra todo abuso, ha deportado a 16 activistas perseguidos por Marruecos, entre ellos a Ali Hammou, de 30 años, sordomudo y enfermo de cáncer, al que se ve en una foto dentro del avión maniatado.

Los activistas saharauis han sido controlados durante el vuelo por agentes de una empresa de seguridad marroquí, a los que san sido entregados por la Policía Nacional en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde han permanecido más de veinte días a la espera de conseguir asilo en España huyendo de la represión de Marruecos, país que ocupa desde finales de 1975 el Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización, según las Naciones Unidas.

Según fuentes cercanas a los activistas, nada más llegar de madrugada a Marrakech Ali Hammou y otro de los deportados, Abderrahman Aliat, han sido detenidos por la policía marroquí.

La negativa a los activistas saharaui del asilo y la condición de apátrida fue adoptada por el Ministerio del Interior en contra de los dictámenes de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se mostró en sus dictámenes a favor de que entrasen en España, alegando en varios casos, además, razones humanitarias, como fue con Ali Hammou, para el que pidió en cuatro ocasiones que no fuera deportado.

A pesar de ello, en la rueda posterior al Consejo de Ministros Grande-Marlaska dijo el martes que la “comunicación, coordinación y cooperación” con ACNUR es permanente,

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha atendido las peticiones de su sucio de Gobierno, Sumar, ni de Podemos, ERC, EH Bildu o BNG y organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y el sindicato CC.OO. que manifestaron la obligación de España para con los activistas saharauis y el riesgo para sus vidas que suponela entrega a las autoridades marroquíes.

Mientras los activistas saharauis estuvieron en Barajas intentaron acceder a la sala de inadmitidos para conocer su situación el diputado Enrique Santiago y la diputada Tesh Sidi, de Sumar, las diputadas Ione Belarra y las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra, de Podemos, y la eurodiputada  Ana Miranda, del BNG, pero en ningún caso el Ministerio del Interior lo permitió, como tampoco la visita de integrantes de la Comisión de Interior del Congreso prevista para el lunes 23 de septiembre por la tarde, que se anuló por “razones organizativas” poco después de ser autorizada.

Ese mismo día por la noche fue expulsado a Marruecos un grupo de saharauis en un vuelo especial de Air Europa, mientras que otros consiguieron no ser deportados en ese momento: en la pista advirtieron que se opondrían a viajar cuando estuviese dentro del avión, ante lo que el comandante del vuelo no permitió su entrada y los activistas fueron enviados de nuevo a la sala de inadmitidos, entre ellos Ali Hammou.

Ali Hammou forma parte de una asociación de discapacitados de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, cuyos integrantes se han manifestado para reclamar las ayudas que les fueron prometidas, por lo que llegó a ser detenido. En julio de 2019, fue herido en una carga policial en El Aaiún. 

Abderrahman Aliat, que en junio pasado fue secuestrado por fuerzas vestidas de civil, torturado y amenazado con ser asesinado o encarcelado si continuaba con sus actividades a favor de la independencia del Sáhara Occidental, y que decidió huir por miedo a su vida y en busca de protección para él y su familia, según relató a El Independiente.

España obligada a dar protección a los saharauis

Las defensas de los saharauis afirmaron que no se tuvieron en cuentan las pruebas presentadas, como fotografías, documentos, ordenes de comparecencia en el jugado, antecedentes o declaraciones de otros activistas que demuestran que son perseguidos en el Sáhara Occidental por las fuerzas de seguridad marroquíes .

A esto se unió la designación de intérpretes marroquíes, que hablan dariya en lugar de hassania, el dialecto de los saharauis, en contra de la recomendación del Defensor del Pueblo. Varios intérpretes marroquíes fueron denunciados por alterar las declaraciones de los saharauis, como ocurrió con Mohamed Bachir, que ya fue deportado y tras una escala en Casablanca pudo llegar a Mauritania, de donde procedía.

En esta ocasión no han sido deportados la mujer Rbab al-Tarad Yahi, de 27 años, su marido, Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, y la hija de ambos, Aziza, de año y medio, a los que se tiene previsto enviar a Marruecos el próximo domingo. La mujer sufrió un aborto durante su estancia en Barajas y la Policía Nacional no permitió que pasase la noche en el Hospital Universitario La Paz, donde fue atendida.

La niña se encuentra en mal estado según su abuela, Aicha Talbi, que vino a Madrid el 9 de septiembre desde Francia, donde disfruta de silo desde hace cuatro años, para ver a su hija Rbat y la nieta, a la que aún no conoce. En este tiempo se ha manifestado en el aeropuerto y ante el Ministerio del Interior y pide al presidente del Gobierno que deje entrar a sus familiares para que se vayan con ella a Francia, donde confía que tendrán asilo.

Sobre la obligación de España con su excolonia del Sáhara Occidental, en el  Auto 40/2014 que firmó Fernando Grande-Marlaska siendo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se considera a España la “potencia administradora de iure” del Sáhara Occidental “y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.