• Tesh Sidi y Enrique Santiago, de Sumar, el socio del gobierno de Pedro Sánchez, no consiguen entrar en la sala del aeropuerto de Barajas, donde están retenidos 40 activistas saharauis.

• Piden que no se deporte a los activistas y que España tiene la obligación de proteger a quienes huyen de la persecución.

Alfonso Lafarga.-

Sumar, el socio del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, no ha podido visitar a los 40 saharauis que se encuentra retenidos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, como el día anterior tampoco lo pudo hacer Podemos.

La diputada Tesh Sidi y el diputado Enrique Santiago, de Sumar, querían conocer la situación de los 40 activistas saharauis que han pedido asilo en España huyendo de la persecución marroquí, pero el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no se lo ha permitido.

“Hemos intentado entrar en calidad de diputados para conocer la situación humanitaria de los activistas retenidos, sobre todo de los menores y del  sordomudo con cáncer, y la Policía Nacional nos ha comunicado la orden de que no podemos entrar; Enrique Santiago tampoco la ha podido hacer como abogado acompañando a la letrada Fatma El Galia”, ha informado Tesh Sidi.

Según la abogada Fatma El Galia, en Barajas hay alrededor de 40 solicitantes de asilo, “37 de ellos confirmado que están perseguidos por Marruecos y España ni puede ni debe deportarlos”, pues “Marruecos no está legitimado para recibirlos y corren un grave peligro si son deportados”.

Afirma que entre ellos hay personas con necesidades especiales, con enfermedades graves, que necesitan atención urgente y pide a las autoridades que escuchen a los solicitantes. De los veintinueve que iniciaron la huelga de hambre, diez continúan en el 4 día sin ingerir alimentos. “Exigimos al Gobierno que evite la deportación de los saharauis; en base a la Carta de las Naciones Unidas, España está obligada a proteger a la población saharaui”, ha dicho.

Antes de dirigirse a la sala de inadmitidos de la Terminal 1, la diputada Tesh Sidi ha declarado que Sumar quiere saber cuál es la situación de los saharauis solicitantes de asilo, “entre los que se encuentran menores y personas que necesitan ayuda humanitaria, como el activista sordomudo que tiene cáncer”.

Ha recordado que Marruecos ocupa más del 80 por ciento del Sáhara Occidental y que los saharauis tienen allí una nacionalidad impuesta, no son de origen marroquí “y no se les puede deportar a Marruecos ni Marruecos debería reclamarlos”.

En este punto ha insistido en que España es la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental y “debe asumir las responsabilidades de una descolonización pendiente y nuestro gobierno, un gobierno de coalición progresista, debe poner los Derechos Humanos en el centro de sus políticas”.

Ha asegurado que seguirán denunciando el limbo legal en el que se encuentra la comunidad saharaui, ya sea en los campos de refugiados o en los territorios ocupados. “El Sáhara Occidental es un proceso de descoloniza que perseguirá a Estado español hasta que no se concluya. Necesitamos una solución urgente en ese camino a la libre determinación, algo que entra en los postulados del derecho internacional y han aprobado diversas resoluciones de Naciones Unidas”, ha dicho.

Enrique Santiago, por su parte,  ha manifestado  que “España y Marruecos tendrán las relaciones diplomáticas que consideren, pero en absoluto a costa de los DDHH de la población saharaui y de su derecho a tener protección frente a la persecución”

“Conforme a las Naciones Unidas, ha continuado, el saharaui es un pueblo ocupado y llevamos décadas esperando el cumplimiento de las resoluciones para la celebración del referéndum de autodeterminación y, mientras tanto, tenemos la obligación de proteger a las personas que huyen de la persecución”.

“Así lo ha establecido ACNUR en todos los informes que ha emitido sobre estos solicitantes de asilo, que requieren la protección que contemplan las leyes internacionales en casos de apatridia. No disfrutan de la protección de Marruecos, no son marroquíes y no pueden acceder a un pasaporte internacional: España tiene la obligación de protegerlos”, ha añadido,

Enrique Santiago ha informado de que el Ministerio de Infancia se ha dirigido al de Interior solicitando la permanencia en España por motivos humanitarios de las familias con menores que se encuentran en Barajas.

Sobre los activistas saharauis, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado al Ministerio del Interior la paralización inmediata de las expulsiones, informa Francisco Carrión en El Independiente

La organización pide al Gobierno que autorice su entrada a territorio español por razones humanitarias, un instrumento legal que permitiría estudiar cada caso en profundidad y de forma individualizada. La organización considera “muy preocupante” que se pretenda devolver a personas a a “un país donde sus vidas y derechos correrían serio peligro”.

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