• El Ministerio del Interior afirma que el año pasado se concedieron 901 estatutos de apátrida, el 91% de las solicitudes.

Fran Serrato  (THE OBJECTIVE).-

Miles de saharauis desconocen qué significa la palabra hogar. Viven en campos de refugiados en mitad del desierto desde que España abandonó su país en 1976. Carecen de patria y la única fórmula que disponen para regularizar su situación en España es el estatuto del apátrida. Denuncian trabas del Gobierno para disponer de un documento que les otorga el derecho a la educación, la sanidad y a trabajar. «No dan citas desde hace un año. Estamos en un limbo y es una decisión política», denuncian los perjudicados. El Ministerio del Interior afirma que el año pasado se concedieron 901 documentos, el 91% de las solicitudes.

El activista Taleb Alisalem denunció este lunes en la red social X (antes Twitter) que el Gobierno de Pedro Sánchez «persigue a los saharauis». A primera hora de la mañana acudió a la Oficina de Asilo y Refugio (que cambió de ubicación hace apenas un mes) para preguntar por el expediente de su tía, que lleva más de dos años esperando que el Gobierno le reconozca como apátrida. Una vez allí se topó con una sorpresa: no existen funcionarios asignados.

«Siento decírtelo así, pero estáis en un limbo», asegura Alisalem que le dijo un policía que custodiaba el edificio. El activista saharaui asegura en una conversación telefónica con THE OBJECTIVE que no da crédito a que la oficina haya dejado de funcionar dejando a miles de compatriotas «desamparados». E insiste: «Llevamos casi un año solicitando una cita. Hemos mandado decenas de emails, pero nunca recibimos respuesta. Ahora me lo explico todo: no se aceptan nuevas solicitudes».

El giro del Gobierno

Una escenario que confirma Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase). La abogada cifra en 1.500 las solicitudes varadas. Los aspirantes a apátridas esperan una media superior a los tres años para regularizar su situación en España. Sin el documento «no pueden viajar, ni trabajar ni tienen derecho a la educación ni a la sanidad». El Gobierno insiste en que el año pasado se concedieron 901 estatutos, mientras que 85 fueron rechazados.

«Muchos solicitantes ni siquiera saben que su petición ha sido resuelta porque no tienen acceso al expediente. Regresan a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y no pueden volver a salir porque el consulado de Argel no les contesta, por lo que no puedan sellar su documentación», lamenta El Galia. La abogada reconoce que los teléfonos de los 11 profesionales que conforman Aprase no dejan de sonar, pero que no pueden hacer nada.

Llevan desde abril enviando correos electrónicos a la Oficina de Asilo y Refugio, pero siempre reciben una respuesta automática. Les informan de que, por motivos organizativos, no se conceden nuevas citas. «Es una cuestión política», sostiene El Galia. En su opinión, la situación se agravó en marzo de 2022, tras el giro histórico de España respecto a su antigua colonia.

Referéndum de autodeterminación

Los organismos internacionales no reconocen los Acuerdos de Madrid y consideran a España como potencia administradora y, por tanto, la encargada de organizar un referéndum de autodeterminación. La mayoría de los saharauis rechazan el pasaporte marroquí. Optan por un documento de tránsito argelino para viajar y, una vez en España, solicitan el estatuto de apátrida. Lo necesitan para poder trabajar, así que aquellos que no viven con familias españolas de acogida deben volver a los campos de refugiados.

A principios de siglo, España concedió un número bajo de estatutos de apátrida. Las resoluciones comenzaron a dispararse en 2007, tras una sentencia del Tribunal Supremo. En los últimos seis años se han concedido más de 6.000 estatutos, la mayoría a favor de los saharauis, que son de los pocos ciudadanos que carecen de patria en el mundo. El récord de concesiones tuvo lugar en 2016, con un total de 1.873 beneficiarios.

Artículo completo en THE OBJECTIVE