Afirman que la decisión del presidente del Gobierno es una grave violación del derecho internacional y supone un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente. La AEPDIRI deja claro que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas…